La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó en junio de 2026 el informe ‘Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España’. El documento refuta con evidencia científica los bulos sobre sobrecarga sanitaria. Las personas migrantes están más sanas y usan menos servicios médicos que la población nacida en España. El estudio analiza 21 problemas de salud que generan mayor gasto y demanda asistencial, según la Organización Mundial de la Salud.
¿Qué revela el informe sobre el estado de salud de las personas migrantes?
El informe compara datos de salud entre nacidos en España y migrantes procedentes de cinco regiones: Europa-UE, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y Otras regiones. Utiliza indicadores objetivos: tasas de morbilidad, hospitalizaciones, consultas externas y uso de medicamentos. Los resultados son consistentes: menor prevalencia de enfermedades crónicas, menor tasa de ingresos hospitalarios y menor consumo de atención primaria.
Mayor esperanza de vida y menor carga asistencial
Las personas migrantes presentan una esperanza de vida al nacer ligeramente superior a la media nacional. Esto se vincula con menores tasas de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y cáncer de pulmón, especialmente en colectivos jóvenes y en fase de inserción laboral. Su perfil epidemiológico es más favorable, no por inmunidad, sino por selección migratoria y menor exposición a factores de riesgo acumulados.
¿Cómo afecta la regularización al acceso y uso de la sanidad pública?
El real decreto 180/2026, aprobado en marzo de 2026, elimina barreras para el acceso de personas en situación irregular. Antes, muchas evitaban acudir por miedo a la denuncia o desconocimiento. Ahora, el acceso se garantiza sin requisito de empadronamiento ni cotización previa. Esto no aumenta la presión, sino que mejora la prevención primaria y reduce urgencias evitables.
El impacto económico es positivo y estructural
Cada euro invertido en atención temprana a migrantes genera un ahorro de 2,3 euros en costes evitados de complicaciones avanzadas. Además, el 78 % de las personas migrantes en edad laboral cotiza a la Seguridad Social, financiando directamente el sistema. Su contribución fiscal supera su uso sanitario en un 14 %, según cálculos del Ministerio de Sanidad.
¿Qué dice el marco legal sobre la universalidad del sistema sanitario?
La Ley General de Sanidad (1986) y la Ley 16/2003 reconocen el derecho a la atención sanitaria como un principio de justicia social. El real decreto 180/2026 actualiza ese marco al alinearse con la Constitución Española, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las recomendaciones de la OMS sobre salud universal. No crea un nuevo derecho: lo restablece.
La privatización y los recortes, no la migración, explican el colapso
Mónica García subrayó que “el gran desafío de la sanidad española nada tiene que ver con el origen de las personas”. El estrés del sistema proviene de la baja inversión pública, la fuga de profesionales y la externalización de servicios. Entre 2012 y 2025, el gasto sanitario público per cápita cayó un 12,4 % en términos reales, mientras la población creció un 4,1 %.
¿Cuál es el impacto real de los migrantes en la sostenibilidad del sistema?
El informe confirma que la población migrante no es un factor de presión, sino un activo para la sostenibilidad. Su perfil demográfico más joven compensa el envejecimiento de la población autóctona. Además, su participación en el mercado laboral fortalece la base contributiva de la Seguridad Social.
Datos Clave
- Las personas migrantes usan un 22 % menos servicios de atención primaria que la población nacida en España.
- Su tasa de hospitalización es un 31 % inferior en patologías crónicas evitables.
- El real decreto 180/2026 amplía el acceso a 327.000 personas en situación irregular.
- El 91 % de los migrantes en edad laboral cotiza o está cubierto por régimen especial.
- El gasto sanitario público per cápita ha caído un 12,4 % desde 2012, mientras la demanda crece por envejecimiento y cronicidad.
El informe no solo desmonta bulos: ofrece una base técnica para políticas públicas eficaces. La salud no se divide por nacionalidad. Se construye con inversión, equidad y evidencia.
