Los resultados catalanes de PISA 2025 no serán válidos para evaluar el nivel académico del alumnado. Una incidencia técnica relacionada con la selección de estudiantes excluidos ha invalidado la comparabilidad internacional. La OCDE exige rigor metodológico. Cataluña superó ampliamente el límite permitido de exenciones. Esto afecta la credibilidad de los datos y su uso en políticas educativas.
¿Qué significa que los resultados de PISA 2025 en Cataluña sean inválidos?
La invalidación no implica que no se publiquen. Significa que no son comparables internacionalmente. La OCDE no los incluirá en los análisis oficiales. Tampoco servirán para medir avances tras los resultados de 2022, calificados como «catastróficos». La muestra dejó de representar al conjunto del alumnado de 15 años.
¿Por qué se excluyó a tantos estudiantes en Cataluña?
Cataluña eximió al 23,2% de la muestra, muy por encima del 5% máximo permitido por la OCDE. De los 2.545 alumnos seleccionados en 51 centros, 591 no realizaron la prueba. La mayoría (493) por necesidades de apoyo cognitivas, conductuales o emocionales. Otros 92 por dominio insuficiente de la lengua. Solo 6 por discapacidad física.
El marco de exenciones no estaba definido
La conselleria carecía de un marco de exenciones único y validado al momento de aplicar las pruebas. La decisión recaía en los centros, sin criterios estandarizados. Esto generó disparidad entre institutos. Algunos aplicaron criterios más restrictivos. Otros, más amplios. La falta de homogeneidad rompió la validez estadística.
¿Quién es responsable de la decisión de excluir alumnos?
Los docentes y equipos directivos de los centros tomaron las decisiones finales. Pero la responsabilidad institucional recae en la Dirección General de Currículum i Desenvolupament Professional. Su titular, Sonia Fernández Cuenca, reconoció la ausencia de un marco común. No hubo supervisión central ni auditoría previa de las exenciones aplicadas.
Falta de coordinación con la OCDE
No se notificó a la OCDE la intención de aplicar criterios distintos. Tampoco se solicitó autorización previa. La OCDE exige que cualquier desviación del protocolo se justifique y apruebe con antelación. Cataluña actuó de forma unilateral.
¿Cuál es el impacto económico y legal de esta invalidación?
La conselleria destinó más de 1,2 millones de euros a la aplicación de PISA 2025. Parte de esos fondos provienen de fondos europeos NextGenerationEU, condicionados al cumplimiento de estándares de transparencia y rigor. La invalidación podría desencadenar revisiones de gasto. Además, el Estatut dels Docents y la Llei d’Educació de Catalunya exigen evaluaciones objetivas para diseñar políticas de mejora. Sin datos válidos, se paralizan iniciativas de reforma curricular y apoyo a centros vulnerables.
Datos Clave
- Cataluña excluyó al 23,2% de la muestra de PISA 2025, frente al 5% máximo permitido por la OCDE.
- Se dejó fuera a 591 estudiantes de 2.545 seleccionados en 51 centros.
- El 92% de las exenciones se debió a necesidades cognitivas, conductuales, emocionales o lingüísticas.
- No existía un marco de exenciones único ni validado por la conselleria al momento de la prueba.
- Los resultados no entrarán en los informes oficiales de la OCDE ni servirán para evaluaciones comparativas.
- El gasto público superó el millón de euros, con posibles implicaciones en la rendición de cuentas de fondos europeos.
El caso refleja una tensión estructural: entre la necesidad de adaptar las evaluaciones a la diversidad del alumnado y el rigor metodológico exigido por los estándares internacionales. Sin protocolos claros, la intención de proteger a estudiantes vulnerables termina socavando la capacidad de medir con precisión el sistema educativo. La confianza en los datos oficiales depende de su transparencia, no de su conveniencia política.
