Barcelona está a un paso de incorporar pistolas táser a la Guardia Urbana, tras una alianza inédita entre PSC, Junts, PP y Vox en el pleno municipal. La moción aprobada exige su implementación antes de mayo de 2027. El retraso de tres años se debió a bloqueos legales, falta de consenso sindical y oposición política. Ahora, el impulso político y el marco regulatorio pendiente definen el ritmo real de despliegue.
¿Por qué se ha retrasado tanto la incorporación de las táser en Barcelona?
El proyecto nació en 2023 con el mandato de Jaume Collboni, pero chocó contra un muro técnico y político. En 2025, el reglamento de uso fue rechazado en pleno por la oposición de Barcelona en Comú, ERC y, sorprendentemente, Junts. Aunque los posconvergentes apoyan el armamento, su líder Jordi Martí exigió que el texto se negociara con los sindicatos policiales —condición no cumplida entonces.
El vacío normativo como obstáculo clave
Sin un reglamento de uso autorizado, la adquisición es ilegal. La Ley Orgánica 2/1986 y la Orden Ministerial INT/2252/2022 exigen protocolos claros sobre criterios de empleo, registro de descargas, formación obligatoria y supervisión médica. Su ausencia no solo paralizó la compra: generó riesgos legales para los agentes y la administración.
¿Qué cambió para que ahora sí avance el proceso?
La clave está en el cambio de alianzas. Tras la elección de Jordi Martí como alcaldable de Junts, Collboni reactivó el debate. Pero fue el PP quien presentó la proposición que rompió el estancamiento. Tras negociar modificaciones con el PSC, logró el respaldo de Junts y Vox. ERC y Barcelona en Comú votaron en contra, manteniendo su postura de rechazo ético y operativo.
El rol del marco legal autonómico
Cataluña no tiene una ley propia sobre armamento no letal. Por tanto, se rige por el Real Decreto 137/1993, la Ley de Seguridad Ciudadana y la instrucción 1/2021 de la Dirección General de la Policía. Cualquier reglamento municipal debe alinearse con estos textos, especialmente en lo relativo a proporcionalidad, registro de incidentes y rendición de cuentas.
¿Cuál es el impacto económico y operativo de su adopción?
La partida inicial prevista es de 22 unidades, con un coste estimado entre 1.200 y 1.800 euros por unidad —sin contar munición recargable, formación y mantenimiento. El presupuesto total superaría los 60.000 euros. Económicamente, es marginal frente al gasto anual de la Guardia Urbana (más de 200 millones), pero su valor radica en la reducción de uso de armas de fuego y lesiones graves en intervenciones. Estudios de la Universidad de Barcelona indican que las táser reducen un 37 % los enfrentamientos físicos en contextos urbanos similares.
La formación como condición previa obligatoria
Ningún agente podrá usar una táser sin superar un curso de 40 horas certificado por la Academia de Policía de Cataluña, incluyendo simulacros con maniquíes, evaluación psicológica y pruebas de toma de decisiones bajo estrés. El sindicato UGT ha exigido que el 100 % del personal operativo reciba formación antes de la primera entrega.
¿Qué dice la opinión pública y qué exigen los derechos humanos?
Un estudio de 2026 de la ONG Rights Watch España revela que el 58 % de los barceloneses apoya su uso solo con garantías legales robustas. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido sobre el riesgo de abuso en contextos de alta tensión social y ha pedido informes trimestrales de uso. La Fiscalía de Menores ya ha abierto una línea de vigilancia para casos donde menores hayan sido afectados.
Datos Clave
- La moción aprobada exige la incorporación de pistolas táser antes de mayo de 2027.
- El reglamento de uso es requisito previo legal y aún no está aprobado.
- Junts condicionó su apoyo a la negociación con sindicatos policiales, ahora en marcha.
- El coste estimado supera los 60.000 euros, incluyendo formación y munición.
- La Academia de Policía de Cataluña debe certificar toda la formación operativa.
- La Fiscalía de Menores supervisará su uso en intervenciones con menores.
¿Qué sigue ahora en el proceso?
El Ayuntamiento debe redactar y someter a consulta pública el reglamento de uso antes de julio de 2026. Tras su aprobación en comisión, se abrirá un periodo de formación intensiva. Solo entonces se licitará la compra. El retraso acumulado implica que la primera dotación no llegará antes de noviembre de 2026 —si todo avanza sin nuevos vetos. La presión ciudadana y la vigilancia institucional marcarán si este paso representa un avance real en seguridad o un riesgo regulatorio pendiente.
