El Punto de Atención Continuada (PAC) de Cariñena, en Vila-real, se ha convertido en un foco de alerta por la escalada de agresiones a médicos y la ausencia de medidas de protección efectivas. El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) denuncia una situación de indefensión laboral que afecta directamente la atención sanitaria y la salud mental de los profesionales. En los últimos 30 días, se han registrado al menos dos incidentes graves, uno de ellos con encierro forzoso de una médica. La inseguridad ya no es un riesgo potencial: es una realidad operativa diaria.
¿Qué está pasando en el PAC de Cariñena?
Los hechos recientes no son aislados. Una médica fue amenazada verbal y físicamente y tuvo que encerrarse en una sala hasta la llegada de la Policía Local. El episodio evidencia la falta de protocolos de contención inmediata y la ausencia de personal de seguridad capacitado.
Falta de contención física y psicológica
No hay cámaras de vigilancia operativas en zonas críticas. No existe un sistema de alarma silenciosa accesible desde el mostrador. Tampoco hay señalización clara de zonas seguras para el personal. Estas carencias violan el Real Decreto 488/1997, que obliga a evaluar y mitigar riesgos psicosociales en centros sanitarios.
¿Cuál es el impacto real en la atención sanitaria?
La inseguridad altera la toma de decisiones clínicas. Los médicos retrasan triajes, evitan consultas complejas o derivan pacientes innecesariamente. Esto genera listas de espera más largas y sobrecarga en hospitales cercanos como el de Castellón.
El costo económico es cuantificable
Cada agresión implica: baja laboral, formación repetida, revisión de protocolos y posibles indemnizaciones. Según datos del SESCAM, el coste promedio por incidente grave supera los 8.200 €. En Castellón, 14 agresiones en un año ya representan más de 115.000 € en gastos directos e indirectos.
¿Qué exige el CESM-CV y qué dice la ley?
El sindicato reclama tres medidas urgentes: presencia física de seguridad privada especializada, actualización de los protocolos de violencia laboral, y dotación de equipamiento de protección personal (alarmas portátiles, sistemas de comunicación rápida con emergencias).
Marco legal vigente
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las administraciones a garantizar un entorno seguro. El Decreto 107/2022 de la Generalitat refuerza esta obligación en centros de salud, exigiendo evaluaciones anuales de riesgo de violencia. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y responsabilidad penal subsidiaria.
¿Cómo se compara con el resto de la Comunidad Valenciana?
Cariñena no es una excepción. En 2025, el CESM-CV registró 63 agresiones en centros de Atención Primaria y PACs valencianos. El 72 % de los afectados fueron mujeres médicas, y el 68 % de los incidentes ocurrieron entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto revela una brecha estructural en la planificación de turnos y protección nocturna.
Datos Clave
- En Castellón se registraron 14 agresiones a médicos en 12 meses, la mayoría en Atención Primaria.
- El 72 % de los profesionales agredidos son mujeres, según el CESM-CV.
- El PAC de Cariñena carece de alarma silenciosa y de personal de seguridad presencial.
- El Real Decreto 488/1997 exige evaluación de riesgos psicosociales en todos los centros sanitarios.
- Cada agresión grave genera un costo promedio de 8.200 € en gestión y recuperación.
El deterioro de la seguridad en los PACs no es un problema de logística: es un fallo sistémico de gobernanza sanitaria. La falta de inversión en prevención alimenta la desmotivación, la rotación y la fuga de talento. Sin medidas inmediatas, el riesgo no se reduce: se normaliza. Y cuando la violencia se normaliza, la atención sanitaria se deteriora —sin excepciones.
