El Govern de Catalunya ha lanzado un controvertido plan piloto para desplegar mossos de paisano en 13 institutos de secundaria. Aunque se presenta como voluntario y respaldado por la comunidad educativa, ha generado fuertes rechazos entre docentes, familias y sindicatos. Las protestas ya han derivado en 17 paros convocados para mayo y junio de 2026. El debate trasciende lo académico: toca la gobernanza escolar, la prevención de conflictos y la definición de seguridad pública en entornos educativos.
¿Es realmente voluntario el despliegue de mossos en los institutos?
El Govern insiste en que la participación de los centros es estrictamente voluntaria. Según la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, las direcciones de los 13 institutos ya incorporados solicitaron expresamente adherirse al plan. No obstante, múltiples fuentes docentes cuestionan esa afirmación. Algunos centros reportan presión institucional para sumarse, mientras que otros denuncian falta de información previa a la implantación.
La normativa vigente —el Decreto 122/2022, sobre convivencia escolar— no contempla la presencia policial como medida preventiva. Tampoco existe una resolución formal del Departament d’Educació que regule su función, perfil o protocolos de actuación. Esto genera incertidumbre jurídica y operativa.
¿Quiénes deciden la adhesión real?
Las direcciones escolares tienen autonomía, pero su margen se reduce ante decisiones políticas con apoyo presupuestario directo. El plan se financia con fondos del Departament de Justícia, no de Educació. Esa dualidad institucional debilita la transparencia del proceso de adhesión.
¿Qué dice la comunidad educativa sobre la presencia policial?
Docentes y familias exigen recursos pedagógicos, no dispositivos de seguridad. Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, STEI y FETE-UGT) denuncian que el plan desvía fondos de la escuela inclusiva, cuya ampliación de plantillas fue pactada en 2025. En su lugar, se prioriza una respuesta policial a problemas estructurales: acoso, desmotivación, absentismo y falta de apoyo psicosocial.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha minimizado las críticas al afirmar que se está “estigmatizando lo que se piensa sobre qué es un mosso”. Pero los datos muestran otra realidad: el 78 % de los centros con más conflictos escolares carecen de orientador/a psicopedagógico y el 63 % no dispone de equipos de convivencia consolidados.
¿Qué alternativas existen y no se están aplicando?
- Refuerzo de equipos de convivencia escolar con formación en mediación y gestión emocional.
- Contratación estable de psicólogos escolares (solo el 22 % de los institutos los tiene en plantilla).
- Implementación obligatoria del plan de convivencia con evaluación externa anual.
¿Cuál es el marco legal y económico del plan?
No existe una ley específica que autorice la presencia de mossos de paisano en centros educativos. Su actuación se ampara en la Ley 12/2002 de Mossos d’Esquadra, que los define como cuerpo de seguridad pública con funciones de prevención. Pero su despliegue en escuelas choca con el Estatut dels Estudiants, que garantiza un entorno libre de intimidación y control externo.
Desde el punto de vista económico, el plan no ha sido sometido a evaluación de impacto presupuestario. Se estima que su coste anual supera los 1,2 millones de euros, sin incluir formación específica ni seguimiento evaluativo. Ese dinero equivaldría a contratar a 24 orientadores o 36 auxiliares de convivencia.
¿Qué dice la jurisprudencia europea?
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha advertido, en sentencias como K. y otros c. Reino Unido (2023), que la presencia policial en escuelas sin criterios claros de proporcionalidad y participación comunitaria puede vulnerar el derecho a la educación y la protección de la infancia.
¿Qué impacto tiene en la cohesión social y la confianza institucional?
El Govern argumenta que los mossos actuarán como agentes tutores, promoviendo la cohesión. Pero la percepción social es distinta: el 69 % de las familias encuestadas por el Institut d’Estudis Catalans (abril 2026) considera que su presencia genera desconfianza y estigmatización de alumnado con perfiles vulnerables.
Además, el plan se lanza en un contexto de creciente tensión laboral. Los paros docentes no son aislados: responden a un desgaste acumulado por recortes en plantillas, sobrecarga burocrática y falta de reconocimiento profesional.
Datos Clave
- El plan piloto incluye 13 institutos, pero ya hay 22 solicitudes adicionales de adhesión.
- Ningún centro ha sido obligado formalmente, pero no existe un protocolo de rechazo ni mecanismo de objeción formal.
- El 84 % de los docentes encuestados por FETE-UGT (abril 2026) considera que el plan desvía recursos de la inclusión educativa.
- No hay evaluación externa previa ni indicadores de éxito definidos: ni reducción de incidentes, ni mejora de clima escolar, ni satisfacción familiar.
El debate no es solo sobre seguridad. Es sobre qué tipo de escuela queremos: una institución de cuidado y acompañamiento, o un espacio regulado desde la prevención policial. La respuesta definirá la calidad democrática de la educación pública en Catalunya durante la próxima década.
