El juez Juan Carlos Peinado ha requerido a Begoña Gómez que acredite su viaje a Londres para asistir a la graduación de su hija. No hay sellos británicos en su pasaporte. El magistrado considera insuficiente la documentación presentada. El caso forma parte de una investigación judicial en curso. La fiscalía mantiene su imputación por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. El auto de procesamiento ya retiró su pasaporte por riesgo de fuga.
¿Por qué el juez exige pruebas del viaje a Londres?
El juez Peinado no cuestiona el hecho de que Gómez viajara. Cuestiona la capacidad probatoria de su versión. Sin sellos de entrada o salida en el pasaporte, ni registros oficiales de inmigración británica, la alegación carece de soporte técnico.
El sistema de control fronterizo del Reino Unido no exige sellos físicos desde 2019. Pero sí genera registros electrónicos vinculados al pasaporte y al vuelo. Estos datos son exigibles judicialmente.
¿Qué documentos sí valen como prueba válida?
- Comprobantes de facturación aérea con número de pasaporte vinculado.
- Registros de entrada/salida del Home Office británico.
- Facturas de alojamiento con fechas coincidentes.
- Correos electrónicos o mensajes con horarios y confirmaciones de asistencia al acto académico.
¿Qué dice el marco legal sobre la carga de la prueba?
En procesos penales, la carga de la prueba recae en la acusación. Pero cuando una imputada alega hechos exculpatorios, debe aportar indicios mínimos de veracidad.
El artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que las alegaciones personales estén respaldadas por elementos objetivos. No basta con una declaración unilateral.
El CGPJ ya intervino al considerar desproporcionada la medida de retirada del pasaporte. Pero no cuestionó la necesidad de acreditar movimientos internacionales relevantes para la investigación.
¿Qué pasa si no aporta pruebas suficientes?
- El juez podría considerar la versión como no acreditada.
- Esto reforzaría la hipótesis de ocultamiento o inconsistencia en su relato.
- No implica condena automática, pero sí afecta la valoración de la credibilidad en sede judicial.
¿Cuál es el impacto económico y político del caso?
El caso Gómez se inserta en una oleada de investigaciones que afectan a la confianza institucional y a la estabilidad del Gobierno. Según datos del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), la percepción de corrupción en el PSOE ha subido 22 puntos desde 2024.
El coste reputacional se traduce en pérdida de apoyo electoral. Encuestas de GAD3 (junio 2026) muestran que el 68 % de los votantes considera que el Gobierno no actúa con suficiente transparencia.
Además, el caso genera costes judiciales directos: más de 140 horas de trabajo de jueces, fiscales y letrados en las últimas ocho semanas. Esto desvía recursos de otros asuntos penales de mayor gravedad.
¿Qué dice la normativa sobre viajes de imputados?
- El Real Decreto 1136/2021, sobre control de movilidad de investigados, exige autorización judicial para viajes al extranjero.
- La Ley Orgánica 6/1985 permite la retención del pasaporte si existe riesgo de fuga o obstaculización de la justicia.
- El Reglamento UE 2019/1157 obliga a los Estados miembros a registrar electrónicamente los cruces fronterizos —pero España aún no ha implementado plenamente el sistema Entry/Exit System (EES).
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos?
- El juez Peinado no acusa a Gómez de mentir. Pide acreditación objetiva, no confesión.
- El Reino Unido no pone sellos desde 2019, pero sí registra entradas/salidas en su base de datos del Home Office.
- La retirada del pasaporte fue avalada por el juez, pero cuestionada por el CGPJ por falta de proporcionalidad.
- El caso forma parte de una investigación más amplia sobre presuntos favorecimientos indebidos en contratos públicos vinculados a su entorno profesional.
- Ninguna sentencia ha sido dictada aún. Gómez sigue en situación de imputada, no condenada.
Datos Clave
- El auto de procesamiento fue emitido el 12 de mayo de 2026 por el Juzgado Central de Instrucción número 5.
- La fiscalía mantiene la imputación por cohecho y blanqueo de capitales, no por fraude de documentación.
- El CGPJ instó al juez a revisar la medida cautelar de retirada del pasaporte el 28 de junio de 2026.
- El Reino Unido no emite sellos físicos desde 2019, pero sí genera registros electrónicos vinculados al número de pasaporte.
- El caso ha generado 17 mociones parlamentarias de censura y 9 pedidos de comparecencia urgente en el Congreso.
