La situación en el Colegio Mare de Déu del Carme, ubicado en Terrassa, ha sido objeto de controversia durante los últimos meses. La Generalitat de Cataluña ha decidido intervenir en este centro concertado tras recibir numerosas denuncias de familias que alertaban sobre un presunto giro ideológico hacia posturas ultracatólicas y ultraconservadoras por parte de la dirección del colegio. Esta intervención se ha materializado en una serie de medidas correctoras que buscan garantizar el cumplimiento de la normativa educativa y la transparencia en la gestión del centro.
La intervención se produce tras la creación de la Comisión de Conciliación, que se formó el 23 de octubre de 2025 para investigar las quejas presentadas por un centenar de familias. La resolución de esta comisión, a la que han tenido acceso diversas fuentes, establece una serie de exigencias que el colegio deberá cumplir para evitar sanciones y asegurar un entorno educativo adecuado para sus alumnos.
### Control del uso del catalán y contenidos educativos
Uno de los aspectos más destacados de la resolución es el control del uso del catalán como lengua vehicular en el centro. La Generalitat ha decidido intensificar la supervisión para asegurar que todos los docentes cumplan con los requisitos lingüísticos establecidos. En este sentido, se ha fijado que dos docentes deberán acreditar un nivel mínimo de C1 en catalán en la primera convocatoria disponible, programada para mayo de 2026. Si no logran esta acreditación al finalizar el curso, se verán excluidos del régimen de pago delegado.
Además, durante el curso 2025-2026, estos docentes deberán superar una prueba de lengua catalana en el marco de unas oposiciones, aunque esta no sustituirá la acreditación oficial. La Inspección Educativa también aumentará su presencia en el colegio, realizando visitas a las aulas para verificar que todas las asignaturas se imparten en catalán, tal como establece el proyecto lingüístico del centro. Esta medida responde a las denuncias de las familias, que han señalado que el uso del catalán no se estaba cumpliendo adecuadamente.
La resolución también se centra en la supervisión de los contenidos educativos, un aspecto que ha generado gran controversia. Las familias denunciantes han alertado sobre un cambio ideológico en materias como Historia y Ciencias Sociales, lo que ha llevado a la Generalitat a establecer un control exhaustivo sobre las programaciones didácticas y el material utilizado en clase. Esta fiscalización directa busca asegurar que los contenidos impartidos en el aula sean apropiados y cumplan con los estándares educativos establecidos.
### Mejora de la comunicación y transparencia con las familias
Otro de los puntos clave de la resolución es la necesidad de mejorar la comunicación y la transparencia del colegio hacia las familias. La administración ha exigido que se revise la carta de compromiso del centro para que el carácter propio del colegio quede claramente definido. Además, se requerirán reuniones informativas para explicar el contenido del Proyecto Educativo de Centro (PEC), lo que permitirá a los padres estar mejor informados sobre la educación que reciben sus hijos.
El colegio también deberá implementar una encuesta anual de satisfacción para recoger la opinión de las familias sobre la gestión del centro y las actividades complementarias. Esta información deberá ser recogida en la Programación General Anual y contar con el aval del consejo escolar, lo que permitirá una mayor participación de las familias en la vida del colegio.
Desde el entorno de las familias denunciantes, la resolución ha sido interpretada como una validación de sus quejas. Un padre del centro ha afirmado que el documento “desmonta el relato que se ha intentado imponer” y ha subrayado que no se habla de familias que difaman, sino de cuestiones relevantes que han sido investigadas por la comisión.
Por su parte, la dirección del colegio ha defendido su proyecto educativo y ha negado haber llevado a cabo un giro ideológico o prácticas de adoctrinamiento. En una carta enviada a las familias, la dirección aseguró que se han seguido los principios educativos establecidos y que se está comprometida con el bienestar de los alumnos.
### Revisión de la titulación del profesorado y control económico
La resolución también aborda la titulación del profesorado y el control económico del centro. La Generalitat ha establecido que se revisará que todo el profesorado concertado cuente con la titulación universitaria y la formación pedagógica exigidas. Esto se produce tras constatar que dos docentes señalados no figuran en el régimen de pago delegado este curso, lo que ha generado preocupación entre las familias.
En el ámbito económico, el colegio deberá dejar claro el carácter voluntario de las cuotas a la fundación y mejorar la información a las familias sobre el coste de actividades y servicios. Esto responde a las quejas recibidas por posibles cobros indebidos, lo que ha llevado a la administración a reforzar la obligación de informar con claridad a las familias sobre los importes que se les facturan, especialmente en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales.
El conflicto en el Colegio Mare de Déu del Carme ha sido largo y complicado, comenzando en marzo de 2025 con las denuncias de varias familias. Desde entonces, la situación ha evolucionado con la destitución del director y la presentación de demandas civiles por parte de la titularidad contra algunos padres, lo que ha agravado la fractura interna en la comunidad educativa. Con la resolución ahora sobre la mesa, el colegio se enfrenta a un nuevo reto: recomponer la confianza con las familias y ajustarse a las normativas del concierto educativo.
