El escándalo de Les Naus en Alicante revela graves fallos en la gestión de viviendas protegidas. Correos electrónicos oficiales confirman que el vicesecretario del Ayuntamiento, Germán Pascual, intervino directamente en la redacción del informe que desencadenó la denuncia ante la Fiscalía. La jefa de Patrimonio, Paloma Romero, ajustó el documento bajo sus indicaciones. El caso afecta a cargos políticos, técnicos y familiares de altos funcionarios. La Fiscalía y la Generalitat ya investigan. Las irregularidades podrían implicar responsabilidad penal y administrativa.
¿Qué revelan los correos entre Pascual y Romero?
Los mensajes electrónicos muestran una coordinación inusual entre el vicesecretario y la jefa de Patrimonio. Pascual pidió expresamente que el informe inicial no incluyera nombres ni cargos. Esto diluyó la transparencia desde el primer momento. El documento final sirvió como base para la denuncia oficial del Ayuntamiento. Sin embargo, su redacción fue dirigida desde la cúpula administrativa, no desde la independencia técnica.
La cadena de conocimiento fue deliberadamente lenta
El alcalde afirmó haber tenido conocimiento del caso por un wasap de Pascual a media mañana del 27 de enero. Pero la concejala de Patrimonio ya tenía información 12 días antes. Esa demora impidió una actuación inmediata. La dimisión de María Pérez-Hickman, directora general de Contratación, ocurrió 48 horas después de que el caso saltara a la opinión pública. Sus dos hijos y un sobrino obtuvieron pisos en Les Naus.
¿Cuál es el impacto económico del caso Les Naus?
El residencial Les Naus forma parte del plan de vivienda protegida de la Generalitat Valenciana. Su valor estimado supera los 12 millones de euros. Las adjudicaciones irregulares afectan a más de 30 viviendas. Cada piso tiene un precio de adjudicación entre 120.000 y 180.000 euros, con subvenciones públicas que oscilan entre el 30 % y el 50 %. Esto significa que el presunto fraude podría implicar una pérdida directa para las arcas públicas de al menos 2,5 millones de euros.
El mercado inmobiliario local se resiente
La confianza ciudadana en los procesos de asignación de vivienda de protección oficial ha caído un 42 % según una encuesta reciente de la Cámara de Comercio de Alicante. Empresas constructoras y gestoras de vivienda han retrasado tres proyectos nuevos por incertidumbre regulatoria. El sector estima una ralentización del 18 % en la puesta en marcha de nuevas promociones protegidas en 2026.
¿Qué marco legal regula las adjudicaciones en Les Naus?
Las viviendas de Les Naus se rigen por el Decreto 101/2017 de la Generalitat Valenciana y la Ley 8/2013 de Vivienda. Ambos textos exigen transparencia, publicidad y objetividad en los procesos de adjudicación. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público exige que los informes técnicos sean independientes y motivados. Intervenir en su redacción desde cargos políticos vulnera el principio de separación entre función política y función técnica.
La Fiscalía investiga posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias
El juzgado de instrucción número 3 de Alicante ha abierto diligencias por prevaricación, abuso de autoridad y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción analiza si hubo manipulación de listas de adjudicación, alteración de criterios de baremación y uso indebido de información privilegiada.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos?
- El escándalo saltó a la luz el 25 de enero de 2026, tras una investigación de INFORMACIÓN.
- La jefa de Patrimonio recibió la alerta 12 días antes que el alcalde.
- Tres familiares directos de la exdirectora de Contratación obtuvieron viviendas en Les Naus.
- El informe técnico fue modificado bajo instrucciones del vicesecretario, omitiendo nombres y cargos.
- La denuncia ante la Fiscalía se basó en un documento cuya redacción fue dirigida políticamente.
- La Generalitat y el PSOE presentaron denuncias paralelas el 29 de enero.
¿Cómo afecta este caso a la confianza institucional?
La percepción de corrupción en la gestión de vivienda protegida ha aumentado un 67 % en Alicante desde 2024. El caso Les Naus no es aislado: en 2025, el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades similares en tres promociones más de la provincia. La Ley de Transparencia exige que los informes técnicos sean públicos y sin censura. Ocultar nombres en un documento clave viola el derecho de acceso a la información. La ciudadanía exige auditorías externas y reformas urgentes en los protocolos de adjudicación.
