El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su preocupación por los retos que enfrenta el Gobierno español para cumplir con el plazo establecido para trasladar a la Península a los menores migrantes no acompañados. Este proceso, que debe completarse antes del 19 de marzo, ha sido objeto de críticas y controversias, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad compartida entre el Gobierno central y las autoridades canarias.
### La Realidad de los Expedientes de Menores
En una reciente entrevista, Torres destacó que, hasta noviembre, solo se habían recibido 536 expedientes de los aproximadamente 1.700 menores que llegaron al Archipiélago. Este dato pone de manifiesto la dificultad de cumplir con el objetivo de trasladar a todos los menores en el plazo estipulado. El ministro subrayó que, aunque se ha logrado trasladar entre 600 y 700 menores, la cifra aún está lejos de la meta total.
La situación se complica aún más al considerar que la ley establece que el Gobierno de España tiene un plazo de cuatro meses para completar los expedientes una vez que las comunidades autónomas y ciudades autónomas los remitan. Torres enfatizó que, si se hubieran recibido todos los expedientes en noviembre de 2025, la responsabilidad de cualquier incumplimiento recaería únicamente en el Gobierno central. Sin embargo, con solo 536 expedientes en manos del Gobierno, la situación es más compleja y requiere un esfuerzo conjunto para abordar los desafíos que se presentan.
El ministro también hizo hincapié en que la ley aprobada incluye procedimientos específicos, como el artículo cinco, que permite la rápida tramitación de los expedientes de menores en situaciones de contingencia migratoria. Este mecanismo ha sido efectivo hasta ahora, pero el tiempo se agota y la presión aumenta para que se realicen los traslados necesarios antes de que expire el plazo.
### La Responsabilidad Compartida y el Papel de los Diputados
Uno de los puntos más debatidos en la entrevista fue la percepción de la responsabilidad política en el proceso de traslado de menores. Torres defendió la labor de los diputados socialistas canarios, argumentando que, a pesar de las críticas, han trabajado en favor de los intereses de Canarias. Aseguró que no han votado en contra de las iniciativas que benefician a la isla, como la subida de pensiones y el uso de recursos para vivienda.
Sin embargo, la percepción pública puede ser diferente, y algunos sectores consideran que otros partidos, como Coalición Canaria, han capitalizado la atención en temas relacionados con la migración y el bienestar de los menores. Torres aclaró que la influencia de un diputado no siempre se mide por el número de representantes, y que cada voto puede ser crucial en la toma de decisiones.
La situación de los menores migrantes no acompañados es un tema delicado que requiere un enfoque colaborativo y una comunicación clara entre las diferentes partes involucradas. La falta de información y la percepción de que algunos grupos políticos no están haciendo lo suficiente pueden generar desconfianza y frustración entre la población.
El ministro también abordó las críticas hacia el Gobierno central, defendiendo que no se puede culpar únicamente a una parte por los retrasos en el proceso. La complejidad del sistema administrativo y la necesidad de coordinación entre diferentes niveles de gobierno son factores que deben tenerse en cuenta al evaluar la situación actual.
En este contexto, es fundamental que tanto el Gobierno central como las autoridades canarias trabajen de manera conjunta para resolver los problemas que afectan a los menores migrantes. La comunicación abierta y la transparencia en el manejo de los expedientes son esenciales para generar confianza y asegurar que se tomen las decisiones correctas en beneficio de los menores.
La situación de los menores migrantes no acompañados es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta España en términos de migración y derechos humanos. A medida que se acerca la fecha límite para los traslados, la presión aumenta sobre todos los actores involucrados para que se tomen medidas efectivas y se garantice el bienestar de estos menores vulnerables. La responsabilidad compartida y la colaboración entre diferentes niveles de gobierno serán clave para abordar esta crisis de manera efectiva y humana.
