La situación en la Fiscalía General del Estado se ha vuelto tensa tras la reciente condena del exfiscal general Álvaro García Ortiz, quien fue sentenciado a dos años de inhabilitación por la revelación de datos reservados. Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha decidido impugnar la decisión de la actual fiscal general, Teresa Peramato, que permite a García Ortiz continuar en su puesto. Este caso ha suscitado un intenso debate sobre la ética y la legalidad en el ejercicio de la función pública.
González Amador ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo donde argumenta que la permanencia de García Ortiz en la Fiscalía es incompatible con su condena. Según su abogado, Gabriel Rodríguez Ramos, el exfiscal general participó activamente en causas que le afectan directamente, lo que podría constituir una violación de sus derechos fundamentales. La defensa de González Amador sostiene que la intervención de García Ortiz en estos procedimientos judiciales representa una «perfecta cristalización procesal de la indefensión».
### La Condena de García Ortiz y sus Implicaciones
La condena de García Ortiz, que incluye una multa de 7.200 euros, se basa en la revelación de datos que deberían haber permanecido en secreto. La sentencia del Tribunal Supremo, que se hizo pública el 9 de enero de 2025, ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial y político. A pesar de esta condena, la fiscal general ha decidido que García Ortiz puede seguir ejerciendo como fiscal, argumentando que la inhabilitación no incluye prisión y que, por lo tanto, no hay motivo para su destitución.
Sin embargo, la defensa de González Amador argumenta que el Estatuto de la carrera fiscal establece que cualquier condena por delitos dolosos conlleva la pérdida de la condición de fiscal. En este sentido, la interpretación de la fiscal general ha sido cuestionada, ya que se considera que la condena de García Ortiz debería haber llevado a su destitución inmediata.
El escrito presentado por González Amador también menciona que la tramitación del expediente que permitió a García Ortiz continuar en su puesto se realizó en un tiempo récord de diez días. Esta rapidez ha sido vista como un intento de eludir las consecuencias de la condena, lo que ha llevado a González Amador a solicitar que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a la resolución que permitió a García Ortiz seguir en la Fiscalía.
### Vulneración de Derechos Fundamentales
Uno de los puntos más críticos del caso es la alegación de que la participación de García Ortiz en las causas que afectan a González Amador ha vulnerado sus derechos fundamentales. El escrito de la defensa sostiene que la intervención del exfiscal general en estos procedimientos judiciales ha comprometido la intimidad y la protección de datos de González Amador, así como su derecho a un juicio justo.
La defensa argumenta que los derechos fundamentales protegidos por el Código Penal han sido violados, dado que García Ortiz tuvo acceso a información sensible mientras estaba bajo investigación. Esto plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial en el que se encuentra González Amador, quien se siente desprotegido ante la figura de un fiscal que ha sido condenado por delitos graves.
González Amador ha expresado su preocupación por no haber podido ejercer sus derechos como interesado en el expediente, lo que ha llevado a su defensa a calificar la situación como una «perfecta cristalización procesal de la indefensión». La solicitud de anulación de la decisión de la fiscal general y la admisión de su personación en el expediente son pasos que su equipo legal considera necesarios para garantizar un juicio justo.
La controversia en torno a la permanencia de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado no solo pone de relieve las tensiones internas dentro del sistema judicial español, sino que también plantea preguntas sobre la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. La situación sigue evolucionando y es probable que continúe siendo objeto de debate en los próximos meses, a medida que se desarrollen los procedimientos judiciales relacionados con este caso.
