El comisionista Víctor de Aldama ha vinculado directamente al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y a empresas constructoras como Levantina y Azvi con un sistema estructurado de pagos en efectivo. Estos flujos, según su testimonio, financiaban favores administrativos en licitaciones públicas. La declaración marca un punto de inflexión en el caso Koldo, que se juzga en el Tribunal Supremo y cuyas ramificaciones alcanzan al nivel más alto del Gobierno.
¿Quién es Víctor de Aldama y qué papel jugó en el caso Koldo?
Víctor de Aldama declaró como acusado en el juicio por el caso Koldo, no como testigo. Afirmó haber actuado como nexo operativo entre empresas constructoras y el exministro Ábalos. Su función no era marginal: gestionaba entregas periódicas de efectivo, tanto en el Ministerio de Transportes como en la residencia particular de Ábalos, ubicada en el barrio madrileño de El Viso.
El modelo de pago: “una ruleta” de efectivo y certificaciones
Aldama describió el sistema como “constante” y “una ruleta”: los pagos fluían mientras las empresas obtenían contratos. Pero el esquema se resquebrajó cuando los adjudicatarios alegaron imposibilidad de seguir pagando en efectivo tras iniciar las obras. Su argumento: los ingresos dependían de las certificaciones de obra, no de la adjudicación en sí.
¿Qué empresas están implicadas y cuál es su vinculación con el Ministerio?
Las constructoras Levantina y Azvi son las más citadas por Aldama. Ambas están bajo investigación en la Audiencia Nacional, en la parte del caso Koldo aún en fase de instrucción. Sus licitaciones se centraron en infraestructuras gestionadas por el Ministerio de Transportes: carreteras, puertos y obras ferroviarias de alto valor.
El rol de los intermediarios y la cadena de influencia
Aldama no se limitó a nombrar empresas. Dibujó una jerarquía explícita: el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el escalafón 1, Ábalos en el 2, García en el 3 y él mismo en el 4. Aunque no aportó pruebas documentales de la participación de Sánchez, afirmó haberlo entendido por declaraciones de García. Esta afirmación activa alertas legales sobre responsabilidad por omisión y conocimiento institucional.
¿Qué dice la ley sobre los pagos en efectivo y la financiación ilegal de partidos?
El Código Penal español tipifica como delito la financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis). También castiga la prevaricación y la cohecho cuando funcionarios públicos condicionan decisiones administrativas a beneficios personales. Los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros están prohibidos por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
El impacto económico del caso Koldo
Las licitaciones vinculadas al caso suman más de 1.200 millones de euros, según fuentes judiciales. La incertidumbre jurídica ya ha retrasado tres proyectos estratégicos de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), con impacto en la inversión privada y en los plazos de la Transición Ecológica.
¿Qué implica la declaración de Aldama para la responsabilidad política?
La versión de Aldama no es un relato aislado. Coincide con indicios recogidos en diligencias de la Fiscalía Anticorrupción, incluyendo registros bancarios de cuentas vinculadas a testaferros y análisis de movimientos en efectivo entre 2021 y 2024. Su testimonio refuerza la hipótesis de una estructura sistémica, no de actos aislados.
Datos Clave
- Aldama declaró como acusado, no como testigo protegido.
- Las entregas de efectivo se realizaron tanto en el Ministerio de Transportes como en la vivienda de Ábalos.
- El sistema se describió como “constante” y “una ruleta”, ligado a la obtención de certificaciones de obra.
- La Fiscalía investiga la posible financiación ilegal del PSOE, con base en afirmaciones de Aldama sobre conocimiento del presidente Sánchez.
- Las empresas Levantina y Azvi están imputadas en la Audiencia Nacional por su papel en el caso.
El caso Koldo no es solo un asunto de corrupción individual. Es un espejo de las vulnerabilidades en la gestión de contratos públicos, la opacidad en la financiación partidaria y los límites reales de la responsabilidad política superior. La sentencia del Tribunal Supremo podría sentar jurisprudencia sobre la imputación de cargos de Estado por conocimiento tácito de redes de influencia.
