El informe PISA 2025 en Cataluña no será comparable internacionalmente ni con ediciones anteriores. Una incidencia técnica provocó la exclusión del 23,2% de los 2.545 alumnos seleccionados, muy por encima del 5% máximo permitido por la OCDE. Esto invalida la representatividad estadística de la muestra. La consellera de Educació, Esther Niubó, asume la responsabilidad técnica, pero el president Salvador Illa ha reafirmado su apoyo institucional. Los resultados se publicarán, pero carecerán de valor comparativo.
¿Por qué el 23,2% de alumnos fueron excluidos de PISA 2025?
La OCDE exige que no más del 5% de la muestra presente necesidades educativas especiales (NEE). En Cataluña, el Departament de Educació aplicó un criterio de exclusión que afectó a 590 estudiantes. Este porcentaje supera en casi cinco veces el límite internacional. No se trató de una decisión aleatoria: los centros educativos, bajo presión sindical y con escasa coordinación técnica, aplicaron criterios heterogéneos para identificar a los alumnos con NEE.
Falta de protocolo unificado
No existía un procedimiento estandarizado entre centros para evaluar la idoneidad de los alumnos con NEE. Algunos centros aplicaron listas de diagnósticos clínicos; otros, criterios subjetivos de docentes. Esto generó una desviación muestral crítica, que la OCDE no puede validar.
¿Qué implica la invalidez estadística para la política educativa?
La pérdida de comparabilidad afecta directamente la evaluación de políticas públicas. Sin datos fiables, el Govern no puede medir el impacto de reformas como el Pla d’Acció per a la Millora de l’Èxit Escolar o la inversión en refuerzo pedagógico. Además, la ausencia de datos comparativos dificulta la asignación de fondos europeos del Fondo Social Europeo Plus, cuyos indicadores dependen de resultados PISA.
Impacto económico real
Cataluña podría perder hasta 120 millones de euros anuales en fondos estructurales vinculados al rendimiento educativo. La Comisión Europea exige coherencia entre datos oficiales y planes de mejora. Sin resultados PISA válidos, se ralentiza la aprobación de proyectos de innovación educativa financiados por el NextGenerationEU.
¿Quién es responsable de la gestión del muestreo?
La responsabilidad es compartida, pero con distinta naturaleza. La Conselleria diseñó el protocolo de selección. Los centros ejecutaron la identificación de alumnos. Los sindicatos, por su parte, ejercieron presión para excluir a estudiantes en situación de vulnerabilidad, argumentando que las pruebas no eran inclusivas. Esta tensión refleja una crisis de gobernanza educativa, agravada por las huelgas docentes de los últimos 18 meses.
Marco legal vigente
El Decret 122/2022, que regula la participación en evaluaciones externas, obliga a la Conselleria a garantizar la representatividad de la muestra. No prevé sanciones por incumplimiento, pero sí exige informes de justificación técnica ante la OCDE. El Govern ya ha iniciado una auditoría interna para identificar fallos en la cadena de decisión.
¿Cómo afecta esto a la confianza en el sistema educativo?
La credibilidad institucional se ha erosionado. Los últimos resultados PISA 2022 mostraron una caída de 30 a 40 puntos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Ahora, la imposibilidad de medir la evolución genera desconfianza entre familias, docentes y administraciones locales. El Observatori de l’Educació de Catalunya ha pedido transparencia en los informes técnicos y la publicación íntegra de los protocolos de exclusión.
Datos Clave
- El 23,2% de la muestra PISA 2025 fue excluido por necesidades educativas especiales.
- La OCDE permite un máximo del 5% de exclusión por NEE.
- La muestra incluía 2.545 alumnos, de los cuales 590 fueron descartados.
- No se podrá comparar con los resultados de otras comunidades ni con ediciones anteriores.
- La consellera Esther Niubó comparecerá ante el Parlament para explicar los hechos.
- El Govern ha abierto una auditoría técnica interna para identificar responsabilidades operativas.
La crisis PISA 2025 no es solo técnica: es un síntoma de la fractura entre administración, centros y sindicatos. Su resolución exigirá reformar los protocolos de evaluación externa, reforzar la formación del personal directivo en estadística educativa y restablecer canales de diálogo con los docentes. Sin eso, cualquier mejora en el rendimiento escolar seguirá sin métricas fiables.
