Un taller de ‘Técnicas aplicadas de Guerrilla Urbana’ en la Fiesta Mayor de Granollers 2024 ha desencadenado una investigación judicial. Se fabricaron simulacros de cócteles molotov y se lanzaron contra muñecos que representaban a la Guardia Civil. El tercer teniente de alcalde, Martí Pujadas (PSC), declarará el 5 de mayo ante un juez de Granollers. La Fiscalía estudia delitos de injurias a la policía y provocación de desórdenes públicos agravados.
¿Qué implica legalmente un taller con simbolismo violento contra fuerzas del orden?
La celebración de actividades festivas no exime de responsabilidad penal. El Código Penal español castiga expresamente las injurias a agentes públicos (artículo 552) y la provocación a la comisión de delitos (artículo 578). Aunque los objetos eran simulacros y los muñecos no representaban personas reales, la representación simbólica de violencia contra instituciones del Estado puede constituir un acto de desprecio público con potencial para alterar el orden.
El juez investiga no solo al edil, sino también a tres responsables de la colla Blaus, organizadores del taller. Esto refleja que la responsabilidad no recae únicamente en cargos institucionales, sino también en los promotores directos de la actividad.
El marco de la Fiesta Mayor de Granollers
La Fiesta Mayor de Granollers se rige por una tradición de rivalidad entre Blancs y Blaus, iniciada en 1983. Este modelo festivo tiene reconocimiento cultural local, pero no otorga inmunidad jurídica. La Ley 10/2010 de Patrimonio Cultural Catalán exige que las manifestaciones populares respeten los derechos fundamentales y la convivencia pacífica.
¿Puede la intención lúdica o satírica eximir de responsabilidad penal?
No siempre. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que la intención artística o festiva no anula el carácter ilícito cuando el mensaje promueve el desprecio a instituciones constitucionales. En 2022, el TS confirmó una condena por un acto similar en Lleida, donde se juzgó que la representación simbólica de violencia contra la policía superaba los límites de la libertad de expresión.
El papel del concejal de Cultura
Martí Pujadas era concejal de Cultura en 2024. Su responsabilidad no es solo política, sino también funcional: debía supervisar la idoneidad de las actividades subvencionadas o avaladas por el Ayuntamiento. La Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, exige que los cargos públicos garanticen el respeto a la legalidad en actos institucionales.
¿Qué impacto económico tiene una polémica de este tipo en una fiesta local?
La Fiesta Mayor de Granollers genera anualmente más de 3,2 millones de euros en actividad económica directa (turismo, comercio, hostelería). Una crisis de reputación como esta afecta la percepción de seguridad y respeto institucional. Empresas patrocinadoras han reevaluado su participación. El Ayuntamiento ha reforzado los protocolos de evaluación previa de actividades desde 2025.
La respuesta institucional y su coherencia
La alcaldesa Alba Barnusell calificó el taller como un acto desafortunado y aislado. Esta valoración no es suficiente desde el punto de vista jurídico. La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, exige que los entes locales actúen con diligencia para prevenir conductas que puedan vulnerar la convivencia.
¿Cómo se regula la libertad de expresión en festivales populares?
La libertad de expresión está protegida, pero no es absoluta. El Tribunal Constitucional ha establecido límites claros: no protege mensajes que inciten al odio, la violencia o el desprecio a los derechos fundamentales. En este caso, la representación de ataques contra la Guardia Civil, cuerpo constitucional, activa esos límites.
Datos Clave
- El juez de Granollers investiga a Martí Pujadas y tres miembros de la colla Blaus.
- La Fiscalía estudia delitos de injurias a la policía y provocación de desórdenes públicos agravados.
- El taller se celebró en agosto de 2024, durante la Fiesta Mayor, bajo el nombre ‘Técnicas aplicadas de Guerrilla Urbana’.
- La tradición Blancs-Blaus data de 1983, pero carece de amparo legal para actividades que vulneren el orden público.
- El Ayuntamiento de Granollers ha reforzado los controles previos a actividades festivas desde 2025.
La polémica trasciende lo local. Refleja una tensión creciente entre tradición festiva, libertad de expresión y responsabilidad institucional. El caso marca un precedente para otras ciudades que organizan fiestas con simbolismos controvertidos. La resolución judicial definirá hasta dónde llega la tolerancia legal ante representaciones violentas en espacios públicos subvencionados.
