Roberto Sánchez es el candidato presidencial de Juntos por el Perú en las elecciones generales de 2026. Su ascenso refleja la fractura política peruana: exministro de Pedro Castillo, crítico del autogolpe, y símbolo de una izquierda que reivindica a los excluidos frente a la oligarquía, la gran minería y los medios concentrados. Su discurso conecta con zonas empobrecidas como Cajamarca y su imagen —con el sombrero de paja— ha pasado a ser un signo de resistencia institucional.
¿Quién es Roberto Sánchez y cómo llegó a la segunda vuelta?
Roberto Sánchez nació en 1969 en Huaral, una provincia rural de Lima. Hijo de un peluquero y una lavandera, su formación inicial apuntaba al sacerdocio. Sin embargo, su paso por la universidad lo llevó a la psicología, especializándose en atención a personas con VIH. Allí se formó en la Teología de la Liberación, una corriente que marcó su compromiso con la justicia social.
En 2007 ingresó a la política. Fue cofundador de Juntos por el Perú en 2008. Su perfil técnico y ético lo posicionó como figura clave durante la campaña de Verónika Mendoza en 2021. Tras la victoria de Pedro Castillo, Sánchez entró al Congreso y luego fue nombrado ministro. Se mantuvo en el gabinete desde el primer día hasta el intento de disolución del Parlamento en diciembre de 2022.
El portazo que definió su rumbo
Cuando Castillo intentó cerrar el Congreso, Sánchez renunció inmediatamente. Lo calificó como un autogolpe, no como un acto legítimo de cambio. Su salida fue pública, firme y sin ambigüedades. Esa decisión lo distanció de sectores radicales, pero lo consolidó como figura ética ante la opinión pública.
¿Qué representa su discurso antioligarquía en el Perú actual?
Sánchez no condena a Castillo públicamente. Al contrario: lo reivindica como “el líder más importante de los últimos 50 años”. En Cajamarca, frente a la mina de oro más grande de Sudamérica, usó el sombrero de paja para simbolizar continuidad con una política de raíz popular. Su crítica apunta directamente a los dueños del Perú: la oligarquía, los grupos mediáticos, las empresas de agroexportación, la gran minería y los contratistas del Estado.
Este discurso resuena en un contexto de alta desconfianza: el 82 % de los peruanos desaprueba al Congreso (Encuesta CPI, mayo 2026), y el 74 % cree que las decisiones económicas las toman menos de 50 familias (INEI, 2025).
El marco legal que limita su propuesta
Su plan incluye reformas tributarias progresivas y una nueva ley de contrataciones públicas. Pero enfrenta obstáculos reales: la Constitución de 1993 protege la autonomía del Banco Central, limita la intervención estatal en precios y exige supermayorías para reformas fiscales. Además, el Tribunal Constitucional ha anulado leyes similares en los últimos cinco años por “afectación a la libertad de empresa”.
¿Cuál es su impacto económico real en las regiones más pobres?
Su propuesta de banca pública regional, financiada con impuestos a la renta minera extraordinaria, busca romper el monopolio de los bancos privados en zonas como Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica. Según el BCRP, el 93 % de los créditos rurales en 2025 fueron otorgados por tres entidades privadas. Su modelo apunta a reducir la brecha de acceso al crédito en un 40 % en cinco años.
Datos Clave
- Nació en Huaral, 1969, hijo de trabajadores manuales de zonas rurales.
- Fue único ministro que permaneció desde el inicio hasta la crisis constitucional de 2022.
- Renunció al gabinete tras calificar el cierre del Congreso como autogolpe.
- Reivindica a Pedro Castillo y usa su sombrero de paja como símbolo político.
- Su discurso identifica a siete sectores como dueños del Perú: oligarquía, medios, minería, agroexportación, banca, contratistas del Estado y grupos financieros.
¿Cómo se articula su propuesta con el marco institucional actual?
Sánchez propone una Asamblea Constituyente con mandato limitado y participación directa de organizaciones campesinas y sindicales. No busca abolir la Constitución de 1993, sino reformar sus artículos sobre propiedad, recursos naturales y soberanía alimentaria. Su estrategia legal pasa por una reforma previa al Congreso, con respaldo de al menos 87 congresistas —meta que su coalición ya superó en las encuestas de intención de voto de mayo 2026.
El escenario económico es crítico: el Perú creció solo 0,8 % en 2025, la menor tasa desde 2009. La inversión minera cayó un 12 % interanual. Su propuesta de renta minera extraordinaria busca captar el 30 % adicional de las utilidades superiores a los USD 500 millones anuales —un mecanismo ya aplicado en Chile y Bolivia con impacto fiscal comprobado.
