Más de 3000 personas migrantes esperan en La Farga de L’Hospitalet para acceder al proceso extraordinario de regularización migratoria en Cataluña. Este mecanismo, vigente hasta el 30 de junio de 2026, busca integrar entre 120.000 y 150.000 personas que residen de forma irregular en la comunidad. El Govern ha reforzado la iniciativa con medidas lingüísticas, administrativas y formativas clave para su éxito.
¿Qué es el proceso extraordinario de regularización en Cataluña?
El proceso extraordinario de regularización es una medida autonómica impulsada por el Govern de Catalunya. No sustituye el régimen estatal de arraigo social, sino que lo complementa con criterios locales. Se aplica exclusivamente a personas que residen en Cataluña desde antes del 1 de enero de 2025 y cumplen con requisitos como vínculos laborales, familiares o de arraigo comunitario.
Este mecanismo forma parte de una estrategia integral de integración socioeconómica. No otorga la nacionalidad, pero sí permite acceder a un permiso de residencia y trabajo válido por dos años, renovable bajo condiciones.
¿Por qué el catalán es clave para la renovación del permiso?
Acreditar conocimientos de catalán no es obligatorio para la primera solicitud, pero sí lo será para la primera renovación del permiso. El Govern exige un nivel A1 o A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Cursos de catalán: 150.000 plazas para 2026/2027
- El Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) liderará la ampliación.
- Se crearán 50.000 nuevas plazas, sumadas a las 100.000 ya existentes.
- El 100 % de las nuevas plazas se destinarán a niveles A1 y A2.
- Se reforzarán los ayuntamientos pequeños con subvenciones para talleres de conversación con hablantes nativos.
- La oferta entrará en vigor en el curso 2026/2027, con inscripciones abiertas desde mayo de 2026.
¿Cuál es el impacto económico de la regularización?
La regularización tiene un efecto directo sobre la economía catalana. Las personas regularizadas podrán cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos y acceder a contratos laborales formales. Se estima que el proceso generará más de 180 millones de euros anuales en ingresos fiscales adicionales.
Además, reduce la economía sumergida: un estudio del Idescat señala que el 42 % de los trabajadores irregulares en Cataluña opera en sectores con alta informalidad, como la construcción, la hostelería y los servicios domésticos.
La integración laboral también impulsa la demanda de formación profesional. El Govern ya ha acordado con 120 entidades formativas la creación de 25.000 módulos de FP dual orientados a perfiles migrantes.
¿Qué marco legal regula esta iniciativa?
El proceso se sustenta en la Ley 13/2022 de migraciones y acogida, modificada por el Decreto-Ley 2/2025 del Govern. Aunque la competencia en materia de extranjería es estatal, Cataluña ejerce facultades en integración, formación lingüística y servicios sociales, lo que le permite diseñar mecanismos complementarios.
No es un régimen de amnistía. Requiere documentación probatoria: contratos de trabajo, recibos de alquiler, certificados de empadronamiento, informes de entidades sociales o escolares. El Servei d’Atenció a l’Extranjeria (SAE) gestiona las solicitudes en coordinación con los ayuntamientos.
Datos Clave
- Plazo final para solicitar la regularización: 30 de junio de 2026.
- Personas objetivo: entre 120.000 y 150.000 migrantes.
- Nivel de catalán exigido para renovar el permiso: A1 o A2.
- Nuevas plazas de formación lingüística: 50.000 (curso 2026/2027).
- Inversión prevista en formación y acompañamiento: 127 millones de euros.
- Entidades colaboradoras: más de 320 ayuntamientos y 180 ONG.
La consellera portavoz Sílvia Paneque ha calificado la iniciativa como histórica, subrayando que su objetivo no es solo legalizar, sino construir una ciudadanía inclusiva. El proceso refleja una apuesta por la cohesión social, la equidad fiscal y la sostenibilidad demográfica, en un contexto de envejecimiento poblacional y escasez de mano de obra cualificada en sectores estratégicos.
