Catalunya ha lanzado un proyecto piloto que instalará agentes de los Mossos d’Esquadra de paisano en 13 centros educativos de L’Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribargorça-Val d’Aran, Tàrrega, El Prat de Llobregat y Sabadell. La iniciativa forma parte de una estrategia oficial para reforzar la convivencia escolar, con funciones de prevención, acompañamiento y, excepcionalmente, intervención. Sin embargo, su implementación genera fuertes tensiones entre la administración educativa y el profesorado.
¿Qué implica la presencia de Mossos de paisano en los institutos?
El plan prevé la presencia permanente de un agente sin uniforme ni arma en cada centro seleccionado. Su rol se define como de apoyo psicosocial y mediación. No sustituye a los equipos de orientación ni a los profesionales sociales. Sin embargo, no se ha previsto formación específica en infancia, adolescencia o pedagogía.
El perfil del agente no está alineado con las necesidades reales
Los Mossos no reciben formación en gestión de conflictos escolares, trastornos del desarrollo ni abordaje de la diversidad funcional. Su capacitación responde a protocolos policiales, no a marcos educativos. Esto genera desajustes operativos y de confianza.
¿Resuelve el proyecto los problemas reales de convivencia?
No. El aumento de la conflictividad en los centros responde a factores estructurales: sobrecarga docente, falta de equipos de apoyo psicoeducativo, recortes en trabajadoras sociales escolares y ausencia de políticas de inclusión real. El proyecto piloto ignora estos ejes.
Se desmantelaron equipos sociales justo antes del anuncio
En 2025 finalizó un programa europeo que financiaba trabajadoras y educadoras sociales en institutos de alta complejidad. Su desaparición no fue sustituida. En su lugar, se propone un agente policial. Esta sustitución simbólica agrava la percepción de desinversión en lo educativo.
¿Qué dice la normativa vigente sobre seguridad en centros educativos?
La Ley Orgánica 3/2020 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia exige respuestas centradas en los derechos del alumnado. La Ley de Educación de Catalunya (Ley 3/2023) prioriza la prevención mediante equipos de convivencia escolar, no agentes externos. La presencia policial en centros requiere autorización expresa del claustro y del consejo escolar, requisito no confirmado públicamente.
El marco legal no avala la imposición unilateral
Ningún decreto ni orden de la conselleria de Educació ha regulado formalmente esta figura. Tampoco existe un protocolo conjunto con la conselleria de Interior. La ausencia de marco normativo claro vulnera el principio de transparencia administrativa y el derecho a la participación de la comunidad educativa.
¿Cuál es el impacto económico y social del proyecto?
El coste estimado supera los 1,2 millones de euros anuales, según cálculos independientes. Ese presupuesto podría financiar 40 orientadores especializados, 25 trabajadores sociales escolares o 60 horas semanales de apoyo emocional especializado en los 13 centros. La elección de una solución policial sobre una educativa representa una desviación de prioridades presupuestarias.
Datos Clave
- El proyecto afecta a 13 centros educativos en 6 municipios catalanes.
- Los Mossos actuarán de paisano y sin arma, pero sin formación pedagógica específica.
- Se eliminaron equipos sociales escolares financiados con fondos europeos en 2025.
- No existe un protocolo legal conjunto entre Educació e Interior.
- El sindicato Ustec rechaza la medida: «La convivencia no se construye con policías, sino con vínculos, equipos y tiempo».
La iniciativa refleja una tensión creciente entre lógicas de seguridad y lógicas educativas. En lugar de invertir en profesionales especializados, en formación docente en gestión emocional o en espacios de mediación escolar, se opta por una solución externa, visible y simbólica. Esa decisión no solo es cuestionada por su eficacia, sino por su coherencia con los derechos fundamentales del alumnado y los principios de la educación inclusiva.
