Susanna Griso sufrió un trauma grave al presenciar cómo su caniche Obi fue atacado y devorado por rottweilers en una residencia canina de París. El episodio, ocurrido durante una visita para adoptar dos nuevos cachorros, ha reabierto el debate sobre la seguridad animal, la responsabilidad legal de los establecimientos y las garantías mínimas exigibles en centros de acogida canina.
¿Qué responsabilidad legal tiene una residencia canina tras la muerte de un perro?
Las residencias caninas en Francia y España están sujetas a normativas de bienestar animal y responsabilidad civil. En España, el Real Decreto 1020/2022 regula los centros de alojamiento canino y exige separación estricta entre razas potencialmente conflictivas. La falta de barreras físicas o supervisión adecuada constituye incumplimiento normativo.
En Francia, la ley de 2021 sobre protección animal obliga a los centros a garantizar la segregación por tamaño, temperamento y especie. Si Obi accedió a una zona con rottweilers sin control, el establecimiento podría enfrentar sanciones administrativas y reclamaciones por responsabilidad objetiva.
¿Puede Susanna Griso demandar por daños psicológicos y pérdida afectiva?
Sí. En ambos países, la jurisprudencia reconoce el daño moral derivado de la pérdida de un animal de compañía, especialmente cuando se produce por negligencia. El Tribunal Supremo español ha sentado doctrina en sentencias como la de 2023 (STS 1245/2023), donde se equipara el vínculo afectivo con el de un miembro de la familia.
Los tribunales franceses también admiten indemnizaciones por shock traumático y trastorno de estrés agudo, siempre que se acredite la negligencia del centro y la proximidad del testigo al hecho.
¿Qué medidas de seguridad mínimas deben cumplir las residencias caninas?
- Separación física obligatoria entre razas con historial de agresividad, como los rottweilers, pitbulls o dogo argentinos.
- Instalaciones con puertas de doble cierre, cámaras de vigilancia y personal capacitado en manejo de conducta canina.
- Protocolos escritos de supervisión continua y registro de accesos a zonas comunes.
- Seguro de responsabilidad civil con cobertura específica para daños a terceros y animales alojados.
¿Cómo afecta este caso al sector de acogida canina en Europa?
El incidente ha generado alertas en asociaciones como Federación Europea de Protección Animal (FEPA). El 62 % de las residencias auditadas en 2025 carecían de protocolos formales de segregación. El impacto económico es creciente: las reclamaciones por negligencia han subido un 41 % en tres años, con costes promedio de 8.200 € por caso en España y 12.500 € en Francia.
Datos Clave
- Obi era un caniche color canela, adoptado en Asturias en 2023.
- El ataque ocurrió en una residencia canina no identificada en París, sin barreras entre zonas.
- Los rottweilers actuaron sin supervisión directa, lo que configura falta de custodia.
- La periodista no ha presentado denuncia, pero su silencio no impide una acción legal posterior.
- El Real Decreto 1020/2022 exige formación obligatoria del personal en prevención de conductas agresivas.
El caso Obi no es aislado: revela brechas estructurales en la regulación aplicada. Mientras la demanda de servicios caninos crece un 18 % anual en la UE, la fiscalización sigue siendo residual. La combinación de normativa técnica, formación realista y control judicial es la única vía para evitar que un momento de alegría —como adoptar una nueva mascota— se convierta en un trauma irreversible.
