Aisatu nació en noviembre de 2019 en el hospital Santa Caterina de Girona con asfixia neonatal moderada por desprendimiento placentario parcial. Hoy tiene una discapacidad del 96%, dependencia total y requiere soporte vital continuo. Un juzgado de Girona atribuye su daño a imprudencia profesional grave, procesando a una doctora y dos comadronas, además de exigir una fianza de 3,2 millones de euros.
¿Qué implica el procesamiento por mala praxis en un parto?
El procesamiento no es una condena, pero sí un paso formal que abre una investigación penal por delito de imprudencia profesional grave con resultado de lesiones. El juzgado considera que hubo fallos objetivos en la vigilancia fetal: tres monitores cardiotocográficos fallaron consecutivamente, retrasando la detección de sufrimiento fetal. Esto impidió una intervención oportuna, como una cesárea de urgencia.
La Plaza 4 de la Sección Instrucción del Tribunal de Instancia de Girona ha acusado a las tres profesionales y ha incluido al Servei Català de Salut y a las aseguradoras del centro como responsables civiles. Esto refleja la doble vía del sistema: penal para sancionar conductas, civil para garantizar indemnización.
¿Cuál es el marco legal aplicable en Cataluña?
La responsabilidad sanitaria se rige por el Código Penal español (art. 191) y la Ley 29/2015 de garantía de los derechos de las personas usuarias del sistema sanitario. En Cataluña, el Decreto 112/2017 regula la evaluación de eventos adversos y la obligación de notificación. Además, el Código de Ética y Deontología Médica del Col·legi de Metges de Catalunya exige documentación rigurosa, supervisión continua y escalada de alertas.
El fallo en la monitorización no es un error aislado: implica incumplimiento de protocolos de atención obstétrica segura, como los establecidos por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Estos exigen respuestas inmediatas ante patrones anómalos de frecuencia cardíaca fetal.
¿Qué impacto económico tiene un caso de este tipo?
La fianza de 3,2 millones de euros no es simbólica. Refleja una estimación inicial de daños futuros: atención médica vitalicia, rehabilitación, adaptaciones domiciliarias, cuidado personal y pérdida de calidad de vida. Según el Institut d’Estudis Fiscales de Catalunya, los costes medios de una discapacidad grave desde la infancia superan los 2,8 millones de euros por paciente (ajustados a 2026).
Además, el caso afecta a la sostenibilidad del sistema asegurador sanitario. Las primas de responsabilidad profesional para obstetras en Cataluña subieron un 22% en 2025 tras varios fallos similares. El Consorci de Compensació de Seguros ya registra un 37% más de reclamaciones por partos complejos desde 2022.
¿Qué dice la evidencia clínica sobre la monitorización fetal?
Fallos técnicos no justifican la omisión de la vigilancia clínica
La ausencia de señal en los monitores no exime de evaluar signos clínicos: frecuencia uterina, intensidad de contracciones, estado materno (vómitos, dolor abdominal) y evolución del cuello uterino. La guía SEGO 2024 exige alternativas inmediatas: auscultación Doppler, evaluación de pH fetal o decisión quirúrgica basada en contexto clínico.
El desprendimiento placentario parcial exige acción inmediata
Este evento obstétrico representa un riesgo vital para el feto. La tasa de mortalidad perinatal asciende al 25% si no se interviene en menos de 30 minutos. En Aisatu, el retraso entre la primera alerta y la cesárea superó esa ventana crítica.
Datos Clave
- La menor tiene dependencia total y requiere soporte respiratorio continuo.
- El juzgado atribuye el daño a fallo en la monitorización fetal y ausencia de escalada clínica.
- Se exige una fianza civil de 3.200.000 €, una de las más altas en casos obstétricos en Cataluña.
- El Servei Català de Salut y las aseguradoras están citadas como responsables civiles.
- El caso activa el protocolo de eventos adversos graves del Departament de Salut de la Generalitat.
El caso Aisatu no es un aislado. Revela tensiones estructurales: saturación de plantillas, obsolescencia de equipos de monitorización en centros periféricos y brechas en la formación en toma de decisiones bajo incertidumbre. Desde 2023, el Departament de Salut ha invertido 14,7 millones en renovar sistemas de cardiotocografía digital en hospitales de segunda línea. Pero la tecnología no sustituye la capacidad de juicio clínico, ni la obligación de actuar ante la duda. La seguridad obstétrica depende de personas, protocolos y responsabilidad compartida —no de máquinas que fallan ni de silencios que se prolongan.
