La situación de los caminos públicos en España se ha convertido en un tema de creciente preocupación, especialmente ante el avance de la privatización y el cierre de estas vías que, por derecho, deberían ser accesibles para todos. La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) ha alzado la voz en defensa de estos espacios, que son esenciales no solo para la movilidad, sino también para la conexión con la naturaleza y la cultura rural del país.
### La amenaza de la privatización y el cierre de caminos
Los caminos públicos, que históricamente han sido utilizados por generaciones para el tránsito y la conexión con la naturaleza, están siendo amenazados por diversas acciones que buscan su privatización. Este fenómeno no solo afecta a los caminos tradicionales, sino también a las vías pecuarias, que son rutas ancestrales utilizadas por ganaderos y que forman parte del patrimonio cultural de España. La PICP ha denunciado que, en muchos casos, los propietarios privados y las empresas están cerrando estos caminos, impidiendo el libre acceso y poniendo en riesgo la biodiversidad y el patrimonio natural.
Un ejemplo alarmante es el cierre de caminos en localidades como Valle de Manzanedo, en Burgos, y Villaescusa de Palositos, en Cuenca, donde los caminos han sido bloqueados, afectando a la comunidad local y a los visitantes que desean disfrutar de la naturaleza. Además, la caza en estos espacios ha generado situaciones peligrosas, como el reciente incidente en Tomelloso, donde un atleta resultó herido por un disparo, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de proteger estos caminos.
La PICP ha señalado que la falta de acción por parte de las administraciones es un factor clave en esta problemática. A menudo, los caminos no están registrados adecuadamente, lo que dificulta su protección y mantenimiento. Un estudio realizado por la plataforma indica que cerca del 80% de los municipios en Andalucía no tienen un inventario de caminos aprobado, lo que deja a muchas vías sin la protección legal necesaria.
### La inacción administrativa y la necesidad de un inventario
La situación se complica aún más por la inacción de las administraciones locales y autonómicas. A pesar de que la ley establece que todos los ayuntamientos deben tener un inventario de caminos, en la práctica, muchos no cumplen con esta obligación. Esto significa que, en muchos casos, los propios ayuntamientos no saben cuáles son sus caminos, ni cuáles son transitables. Esta falta de conocimiento y gestión contribuye al cierre y abandono de estos espacios.
Manuel Trujillo, directivo de la PICP, ha destacado que existen dos tipos de caminos: las vías pecuarias, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, y los caminos municipales, que son responsabilidad de los ayuntamientos. Sin embargo, la falta de cumplimiento de las leyes existentes ha llevado a que muchos caminos permanezcan cerrados o en un estado de abandono. En el caso de las vías pecuarias, la inacción de las comunidades para ejercer su capacidad de deslinde y recuperación es alarmante. Trujillo menciona que son muy pocas las vías pecuarias que se han abierto en Andalucía en los últimos años, lo que refleja una falta de compromiso por parte de las autoridades.
La PICP y otras organizaciones como A Desalambrar han estado organizando marchas y actividades para concienciar sobre la importancia de estos caminos y exigir su apertura. Desde 2001, A Desalambrar ha llevado a cabo marchas mensuales para reclamar la apertura de caminos y vías pecuarias, evidenciando la creciente movilización ciudadana en defensa de estos espacios.
La necesidad de un inventario nacional de caminos se ha vuelto urgente. La PICP ha solicitado que se apruebe una ley nacional que facilite la colaboración entre administraciones para garantizar un catálogo de todos los caminos de España. Esto no solo ayudaría a proteger los caminos existentes, sino que también permitiría reabrir aquellos que han sido cerrados injustamente.
La lucha por la preservación de los caminos públicos en España es un reflejo de la necesidad de proteger el patrimonio natural y cultural del país. La movilización ciudadana y la presión sobre las administraciones son fundamentales para garantizar que estos espacios sigan siendo accesibles para todos, promoviendo así un uso sostenible y responsable de la naturaleza. La defensa de los caminos públicos no solo es una cuestión de derechos, sino también de identidad y conexión con el entorno natural que nos rodea.
