La reciente crisis de la peste porcina africana y la gripe aviar en España han resaltado la crucial función que desempeñan los veterinarios en la salud pública y la seguridad alimentaria. En un contexto donde la salud de los animales y los ecosistemas está interconectada con la salud humana, los veterinarios se presentan como actores esenciales en la gestión de crisis sanitarias. Verónica Araunabeña Cobo, presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, ha expresado su preocupación por la falta de inclusión de los veterinarios en los espacios de decisión relacionados con la salud pública. Según Araunabeña, «nunca se nos incluye en los espacios de decisión cuando, en realidad, somos un actor imprescindible». Esta afirmación subraya la necesidad de reconocer y valorar el papel de los veterinarios en la protección de la salud pública, ya que son especialistas en salud animal y también están involucrados en actividades esenciales como la seguridad alimentaria y la vigilancia epidemiológica.
La interrelación entre la salud animal, humana y ambiental es un concepto que se ha vuelto cada vez más relevante, especialmente en el marco del enfoque conocido como One Health. Este enfoque sostiene que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están interconectadas y que es fundamental cuidar de todas ellas para asegurar un bienestar global. Araunabeña destaca que los veterinarios son la primera línea de defensa frente a enfermedades que pueden transmitirse entre especies, protegiendo tanto a los animales como a las personas. Sin embargo, la falta de integración de los veterinarios en los órganos de planificación y gobierno de salud pública limita la capacidad de respuesta ante crisis sanitarias.
La Organización Colegial Veterinaria (OCV) también ha enfatizado la importancia de la profesión veterinaria en la prevención de zoonosis, que son enfermedades que pueden transmitirse de animales a humanos. Más del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes tienen origen animal, y el 75% de los nuevos patógenos provienen de especies domésticas o silvestres. Este dato es alarmante, especialmente en países como España, que cuenta con una de las mayores cabañas ganaderas de Europa. La OCV ha señalado que la crisis de la peste porcina africana ha evidenciado que los desequilibrios ecológicos y el aumento de la fauna silvestre incrementan los riesgos de transmisión de enfermedades.
Los veterinarios han solicitado medidas estructurales para abordar estos desafíos. Entre las propuestas se incluyen el refuerzo de la veterinaria rural como un servicio sanitario esencial, el fortalecimiento del papel del veterinario de explotación en bioseguridad y detección temprana, así como el incremento de inspecciones en frontera. Además, se ha planteado la necesidad de integrar a veterinarios en la gestión de fauna silvestre y desarrollar programas de control responsable de poblaciones de jabalíes, que han aumentado en número debido al abandono rural y otros factores.
La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) ha respaldado estas demandas, señalando que es una «clara injusticia» dejar fuera a un colectivo con amplias competencias biosanitarias. La FESVET ha denunciado que organismos como el Ministerio de Sanidad continúan menospreciando la profesión veterinaria, a pesar de que los veterinarios poseen una formación específica en laboratorio y competencias en ciencias de la salud que son comparables o incluso superiores a las de otras profesiones sanitarias. Entre sus demandas, la federación ha propuesto el reconocimiento formal de estas competencias y la creación de una nueva especialidad sanitaria que reconozca el papel de los veterinarios en la salud pública y comunitaria.
Las reivindicaciones del sector veterinario no son nuevas, sino que son demandas históricas que han cobrado mayor relevancia en el contexto actual de crisis sanitarias. Organizaciones de veterinarios han estado luchando durante años para asegurar la presencia de profesionales veterinarios en los servicios públicos de inspección alimentaria, vigilancia epidemiológica y controles en frontera. La OCV ha denunciado que los puestos de control fronterizo requieren más recursos y profesionales para prevenir la entrada de amenazas sanitarias, ya que los movimientos internacionales de animales y productos de origen animal constituyen un vector de riesgo creciente en España. Sin un refuerzo claro de estos dispositivos, el país seguirá expuesto a patógenos foráneos que pueden afectar la salud pública, la producción ganadera y el comercio internacional.
Además, es fundamental mejorar las condiciones laborales de los veterinarios que trabajan en el medio rural, donde la escasez de profesionales compromete tanto la atención sanitaria a la ganadería como la vigilancia ambiental. La falta de recursos y personal en estas áreas puede tener consecuencias graves no solo para la salud animal, sino también para la salud pública y la seguridad alimentaria. En este sentido, los colegios veterinarios españoles han reclamado una coordinación interinstitucional más efectiva, ya que la fragmentación entre administraciones ambientales, agrarias y sanitarias dificulta la gestión integral de las crisis sanitarias.
La necesidad de establecer protocolos conjuntos de vigilancia, muestreo y actuación es urgente. Las crisis sanitarias no pueden gestionarse eficazmente sin la participación formal, estable y estructural de los veterinarios. La integración de estos profesionales en los equipos que gestionan la salud ambiental es esencial para abordar de manera efectiva los desafíos que plantea la interconexión entre la salud animal, humana y ambiental.
