Más de 60.000 educadoras de 11.000 escuelas infantiles públicas y privadas han convocado una huelga estatal el 6 de mayo de 2026. Exigen salarios dignos, reducción de ratios y una ley estatal que regule mínimos obligatorios. Trabajan 40 horas semanales por salarios mínimos, atendiendo hasta 8 bebés por aula. La protesta refleja una crisis estructural en la primera infancia.
¿Por qué las educadoras de infantil han convocado una huelga nacional?
La huelga responde a una acumulación de precariedad. Las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) carecen de un marco legal homogéneo. A diferencia de primaria y secundaria, no existe una ley estatal que fije ratios máximas, jornadas, formación obligatoria ni retribuciones mínimas.
Los sindicatos CCOO, UGT, CGT y la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) denuncian que la normativa vigente sigue siendo el Real Decreto 1630/2006, modificado parcialmente en 2010. Esa norma no vincula a las comunidades autónomas, lo que genera disparidades abismales: en Cataluña la ratio es de 6 bebés por educadora; en Andalucía, llega a 9.
¿Qué exigen concretamente las educadoras?
Las reivindicaciones van más allá del salario. Apuntan a la calidad educativa y a la sostenibilidad del sistema. La ratio ideal propuesta es de 4 bebés menores de 1 año por educadora, 6 niños de 1 a 2 años y 8 de 2 a 3 años. Esto contrasta con la realidad actual, donde muchas aulas superan esos límites sin apoyo técnico ni personal complementario.
Otras demandas clave
- Una pareja educativa obligatoria por aula en todas las escuelas públicas y concertadas.
- Apoyo docente especializado para menores de 3 años con necesidades educativas específicas.
- Garantía de plazas públicas con criterios de equidad territorial y socioeconómica.
- Inversión urgente en infraestructuras, climatización y accesibilidad.
- Reducción de la atención directa a menos de 38 horas semanales, para incluir tiempo de planificación y coordinación.
¿Cuál es el impacto económico y social de esta huelga?
El sector de la primera infancia mueve más de 2.400 millones de euros anuales en España. Sin embargo, representa menos del 0,2 % del gasto público educativo total. Las familias destinan, en promedio, el 12 % de sus ingresos mensuales a guarderías privadas. En 2024, solo el 43 % de los niños de 0 a 3 años tenía plaza pública, según la Encuesta de Condiciones de Vida.
La huelga afecta directamente a 350.000 familias que dependen de estos servicios. Pero su verdadero peso está en el largo plazo: la etapa 0-3 años es crítica para el desarrollo cerebral, la regulación emocional y la reducción de brechas sociales. Según la OCDE, cada euro invertido en primera infancia genera hasta 7 euros en retorno social y económico.
¿Qué marco legal bloquea las mejoras?
El principal obstáculo es la falta de competencia estatal clara. La Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) no incluyó el primer ciclo (0-3 años) en su regulación. Su gestión sigue repartida entre el Estado (normativa básica) y las comunidades autónomas (ejecución), sin mecanismos de coordinación ni sanción por incumplimiento.
El Decreto 1630/2006, aún vigente, establece ratios orientativas, no vinculantes. Tampoco exige titulación específica para todas las educadoras, ni garantiza la jornada laboral efectiva. La ministra de Educación, Milagros Tolón, enfrenta presión para incluir estas reformas en el próximo Proyecto de Ley de Mejora de las Condiciones Docentes, actualmente en fase de consulta previa.
Datos Clave
- Más de 60.000 educadoras en huelga en 11.000 centros.
- 40 horas semanales con salarios en torno al Salario Mínimo Interprofesional.
- Ratio real en muchas aulas: hasta 8 bebés menores de 1 año por educadora.
- Solo el 43 % de los menores de 3 años tiene plaza pública (2024).
- Inversión pública en 0-3 años: menos del 0,2 % del gasto educativo total.
La huelga no es solo laboral. Es una exigencia de reconocimiento institucional. La primera infancia no es un servicio de custodia. Es la base del sistema educativo y del contrato social. Sin una ley estatal que fije ratios, formación, salarios y derechos, España sigue postergando su mayor recurso: las primeras oportunidades.
