El instituto público Els 30 Passos, en el barrio de La Sagrera de Barcelona, lleva diez años funcionando en barracones provisionales. Las familias denuncian retrasos injustificables, malgasto de fondos públicos y carencia crónica de equipamientos educativos esenciales. El caso revela fallos sistémicos en la planificación de obra pública educativa en Cataluña.
¿Qué denuncian las familias de Els 30 Passos?
Las familias del centro presentaron una queja formal ante la Sindicatura de Comptes, órgano fiscalizador de la Generalitat. Acusan al Consorci d’Educació de Barcelona y al Departament d’Educació de incumplir compromisos adquiridos en 2016.
El edificio definitivo sigue sin construirse. Las primeras alumnas que entraron en el centro hoy cursan 1º de ESO y se graduarán sin haber pisado nunca el edificio prometido.
Falta de infraestructura básica
El centro carece de laboratorio, biblioteca, salón de actos y gimnasio. Los cursos superiores de secundaria deben usar espacios provisionales en los bajos de edificios aledaños. Esto afecta la calidad pedagógica y la seguridad física del alumnado.
¿Quiénes son los responsables según la denuncia?
La Asociación de Familias responsabiliza a tres actores clave: el Consorci d’Educació de Barcelona, el Departament d’Educació y el Ayuntamiento de Barcelona. Señalan una coordinación deficiente entre administraciones y una burocracia que paraliza las licencias y ejecución de obras.
Desorden institucional y falta de transparencia
No existe un cronograma público actualizado ni una explicación técnica sobre los retrasos. Tampoco se ha publicado un informe de viabilidad técnica o financiera que justifique la prolongación del uso de módulos prefabricados.
¿Cuál es el impacto económico real del retraso?
El alquiler continuado de barracones representa un gasto recurrente innecesario. Según estimaciones independientes, el costo acumulado supera los 2,3 millones de euros desde 2016. Ese dinero podría haber financiado más del 60 % de la obra definitiva.
El costo oculto de la improvisación
Cada año de retraso implica: mantenimiento adicional, adaptaciones de accesibilidad, seguros especiales y gastos logísticos por la dispersión de espacios. Además, se generan costos indirectos: menor rendimiento académico, desgaste docente y desconfianza ciudadana en la gestión pública.
¿Qué marco legal regula la construcción de centros educativos en Cataluña?
La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) y el Decret 122/2021 exigen que los centros públicos cuenten con instalaciones adecuadas, seguras y accesibles. El Estatut dels Estudiants garantiza el derecho a un entorno educativo digno.
Incumplimiento de obligaciones legales
La prolongación indefinida en barracones vulnera el principio de igualdad de oportunidades y el derecho a la educación de calidad. La Sindicatura de Comptes tiene competencia para investigar el uso de fondos públicos y exigir responsabilidades administrativas.
Datos Clave
- El centro funciona desde 2016 en barracones provisionales.
- Las primeras alumnas que ingresaron hoy cursan 1º de ESO y se graduarán sin ver el edificio definitivo.
- Falta total de laboratorio, biblioteca, gimnasio y salón de actos.
- El gasto acumulado en alquiler de módulos supera los 2,3 millones de euros.
- La denuncia está en trámite ante la Sindicatura de Comptes, con posibles responsabilidades contables.
- La coordinación entre Generalitat, Consorci d’Educació y Ayuntamiento de Barcelona es calificada como “desordenada” por las familias.
El caso de Els 30 Passos no es aislado. Refleja una crisis estructural en la planificación de infraestructuras educativas en zonas de crecimiento demográfico acelerado como La Sagrera. La falta de inversión anticipada, la fragmentación competencial y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas transparentes están reproduciendo situaciones similares en al menos otros siete centros de Barcelona y L’Hospitalet. La presión ciudadana, ahora canalizada en campañas digitales y movilizaciones presenciales, exige respuestas concretas antes del inicio del próximo curso escolar.
