Israel se encamina a elecciones anticipadas tras la presentación de un proyecto de ley para disolver la vigésimo quinta Knéset. La medida responde a una profunda crisis de coalición, centrada en la exención del servicio militar obligatorio para estudiantes de yeshivás. El Gobierno de Benjamín Netanyahu busca así recuperar el control del calendario electoral y evitar una iniciativa impulsada por la oposición.
¿Por qué la coalición de Netanyahu disuelve la Knéset ahora?
La decisión no es espontánea. Surge tras la amenaza explícita de Déguel Hatorá, una facción del partido Judaísmo Unido de la Torá, de retirar su apoyo al Gobierno si no se garantiza la exención militar para sus estudiantes. Netanyahu rechazó aprobar una ley que mantuviera esa exención, lo que desató una ruptura funcional en la coalición.
El proyecto fue registrado por Ofir Katz, presidente parlamentario de la coalición y miembro del Likud, con respaldo de Shas y Judaísmo Unido de la Torá. Esto evidencia una maniobra estratégica: anticiparse a los proyectos de la oposición y definir el ritmo del proceso.
¿Qué dice la ley propuesta sobre el calendario electoral?
El texto no fija una fecha concreta para las elecciones. En cambio, establece que deberán celebrarse no antes de 90 días tras la aprobación definitiva de la ley. La fecha exacta será determinada por la Comisión de la Knéset, un órgano técnico con peso político.
Esto otorga flexibilidad al Gobierno, pero también genera incertidumbre. El retraso mínimo de tres meses impide una convocatoria inmediata, lo que podría afectar la capacidad de los partidos para reorganizarse antes de las urnas.
¿Cuál es el impacto económico de esta crisis política?
La inestabilidad institucional ya está afectando la confianza de los inversores. El índice TA-35 de la Bolsa de Tel Aviv cayó un 1,2 % en las 48 horas posteriores al anuncio. Además, el shekel israelí se depreció un 0,8 % frente al dólar, su mayor caída semanal desde enero de 2026.
El Banco de Israel advirtió que una prolongación de la incertidumbre podría retrasar decisiones clave en gasto público, inversión en infraestructura y reformas fiscales. El sector tecnológico, que representa el 18 % del PIB, reporta retrasos en contratos gubernamentales por la parálisis legislativa.
¿Qué marco legal regula la disolución anticipada de la Knéset?
La Ley Básica: La Knéset permite su disolución anticipada por mayoría simple (61 votos) si no se aprueba el presupuesto nacional en un plazo de cinco meses, o si se aprueba una moción de censura. Pero este caso se basa en una vía alternativa: una ley especial de disolución, prevista en el artículo 33 de la misma ley básica.
Esta vía requiere solo una mayoría simple, pero implica que el presidente israelí debe convocar elecciones dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la ley. No hay recurso judicial contra esta decisión, lo que refuerza su carácter político y no técnico.
Datos Clave
- La vigésimo quinta Knéset fue elegida en noviembre de 2022 y su mandato expiraba en octubre de 2026.
- Las elecciones anticipadas se convocarán no antes de 90 días tras la aprobación final de la ley.
- La crisis se desató por el rechazo de Netanyahu a extender la exención militar para estudiantes de yeshivás.
- Los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá respaldaron la iniciativa, aunque su facción Déguel Hatorá exigió garantías previas.
- El Gobierno actual depende de 64 escaños en una cámara de 120, lo que lo hace extremadamente vulnerable a deserciones.
Contexto actual y profundidad institucional
Esta crisis no es solo partidista: pone en tensión el equilibrio entre igualdad ante la ley, integración social y autonomía religiosa. Desde 2024, la Corte Suprema israelí ha anulado tres leyes que extendían la exención militar, argumentando que violan el principio de igualdad de obligaciones cívicas. El Gobierno ahora intenta reemplazar esas decisiones con una ley parlamentaria que, aunque no aborda el fondo del conflicto, redefine el escenario político.
Económicamente, el país enfrenta una inflación del 3,7 % y una deuda pública del 62 % del PIB. Cualquier retraso en la aprobación del presupuesto 2026–2027 —ya en riesgo por la disolución— podría activar mecanismos automáticos de recorte en salud y educación.
La disolución anticipada también afecta compromisos internacionales: Israel tiene pendientes acuerdos de cooperación tecnológica con la UE y la India, cuya ratificación requiere aval parlamentario. Sin una Knéset funcional, esos acuerdos quedan en suspenso.
