La reciente intervención de la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha puesto de manifiesto la importancia del uso del catalán en los servicios públicos, específicamente en el contexto del Bus Náutic, un medio de transporte que conecta diversas áreas del puerto de la ciudad. Este asunto ha cobrado relevancia tras la queja de una ciudadana que no fue atendida en su lengua materna al adquirir su billete, lo que ha llevado a la defensoría a instar al Puerto de Barcelona a garantizar el uso del catalán en todos sus servicios.
La queja presentada ante la Sindicatura destaca que, a pesar de solicitar ser atendida en catalán, la ciudadana no recibió la atención adecuada, lo que plantea serias dudas sobre el cumplimiento de los derechos lingüísticos en un servicio público. La Sindicatura ha determinado que tanto el Puerto como el Ayuntamiento de Barcelona son corresponsables en la gestión de este servicio, enfatizando que el consistorio debe asegurar que se respeten los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
### Responsabilidades del Puerto y el Ayuntamiento
La Sindicatura ha señalado que la actuación del Puerto de Barcelona y del Ayuntamiento no se ha ajustado a derecho, ya que ambos tienen la obligación de garantizar que los ciudadanos puedan utilizar el catalán en todas las actividades públicas. En este caso, la ciudadana afectada no solo no fue atendida en su lengua, sino que también se encontró con dificultades durante el viaje, lo que evidencia una falta de formación y sensibilidad hacia los derechos lingüísticos por parte del personal del servicio.
El síndic ha criticado la respuesta inicial del Ayuntamiento, que intentó desvincularse de la responsabilidad alegando que la gestión del Bus Náutic corresponde a Alsa, la empresa encargada de su operación. Sin embargo, la Sindicatura ha argumentado que el Ayuntamiento debe garantizar que el servicio se preste de manera adecuada y que, en este caso, debería haber redirigido a la ciudadana a la entidad correspondiente para resolver su queja.
Además, la Sindicatura ha lamentado que el Ayuntamiento tardara más de seis meses en proporcionar la información solicitada, un tiempo que supera lo razonable para abordar una queja de esta naturaleza. Esta demora no solo afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino que también pone de relieve la necesidad de mejorar los protocolos de atención al público en relación con el uso del catalán.
### La Respuesta de Alsa y la Supervisión del Puerto
Por su parte, Alsa ha reconocido su error y se ha disculpado por no haber prestado un servicio acorde a las expectativas de la ciudadana. La empresa ha indicado que trasladará la situación a la persona responsable para que se tomen las medidas necesarias. Sin embargo, la Sindicatura ha señalado que, a pesar de esta disculpa, Alsa no ha informado sobre las acciones adoptadas para mejorar la atención al cliente en lo que respecta al uso del catalán, lo que genera incertidumbre sobre su compromiso con el respeto a los derechos lingüísticos.
El Puerto de Barcelona ha afirmado que supervisa los idiomas en los que Alsa proporciona información, y aunque ha hecho progresos al poner disponible parte de la información en catalán, aún persisten problemas. Algunas secciones de su página web siguen ofreciendo información únicamente en castellano, lo que contradice la normativa vigente en Catalunya que exige que los servicios públicos garanticen el uso del catalán.
La Sindicatura ha valorado positivamente los esfuerzos del Puerto para supervisar el cumplimiento de las normativas lingüísticas, pero ha subrayado que es necesario un compromiso más firme para asegurar que todos los ciudadanos puedan utilizar el catalán en cualquier trámite relacionado con el Bus Náutic. Esto incluye no solo la atención al cliente, sino también la disponibilidad de información y documentación en la lengua oficial de Catalunya.
La situación del Bus Náutic en Barcelona es un reflejo de un debate más amplio sobre los derechos lingüísticos en la región. La defensa del catalán como lengua de uso cotidiano en todos los ámbitos de la vida pública es un tema que sigue generando controversia y que requiere la atención de las autoridades competentes. La Sindicatura de Greuges ha hecho un llamado a la acción, instando a las instituciones a tomar medidas concretas para garantizar que el uso del catalán no solo sea un derecho, sino una realidad en todos los servicios públicos de la ciudad.
