La reciente decisión del Gobierno español de regular la formación profesional (FP) privada ha generado un gran interés y debate en el ámbito educativo. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo decreto que busca establecer criterios más estrictos para la apertura de centros de FP privados, con el objetivo de garantizar la calidad de la educación y evitar la proliferación de instituciones que no cumplen con los estándares necesarios. Esta medida se enmarca en un contexto donde la demanda de FP ha crecido significativamente, pero también ha surgido una oferta privada que, en muchos casos, no ofrece las garantías adecuadas.
La regulación de la FP privada se asemeja a la que ya se aplica a las universidades. Esto implica que los nuevos centros deberán cumplir con requisitos como la presentación de informes favorables de agencias de calidad, así como contar con un número mínimo de profesores y alumnos. Además, se espera que la normativa obligue a los centros a incluir prácticas en empresas, un aspecto fundamental para la formación de los estudiantes y su inserción en el mercado laboral.
### Crecimiento de la Formación Profesional Privada
En la última década, la FP en centros privados no concertados ha experimentado un crecimiento notable. Según datos recientes, el número de alumnos matriculados ha aumentado en un 467% en toda España, pasando de 39,941 en el curso 2013-14 a 226,661 en el curso 2022-23. Este incremento es aún más pronunciado en Catalunya, donde la matrícula en FP privada ha crecido un 845%, pasando de 8,877 a 83,893 estudiantes en el mismo período. Este auge ha sido impulsado por la creciente demanda de formación profesional, que se ha visto reflejada en la necesidad de una regulación que asegure la calidad de la oferta educativa.
Sin embargo, el crecimiento de la FP privada no ha estado exento de críticas. Muchos expertos y sindicatos han señalado que la expansión de estos centros puede llevar a una privatización de la educación, lo que podría resultar en una oferta desigual y de menor calidad. La falta de regulación ha permitido que algunos centros operen sin las garantías necesarias, lo que ha llevado a un aumento en los precios de la matrícula, que puede oscilar entre 3,000 y 9,000 euros por ciclo formativo. Esto plantea un problema de equidad, ya que el acceso a la educación no debería depender de la situación económica de las familias.
### Modalidades de Formación y Desafíos
Uno de los aspectos más destacados en el anuncio de Sánchez es el crecimiento de la modalidad de FP online. Aunque no se mencionó específicamente en su discurso, los datos indican que la matrícula en la FP online ha crecido un 20% desde el curso 2017-2018. Este aumento contrasta con el crecimiento más modesto de la FP pública, que ha sido del 10%. En el caso de la FP privada no concertada, el incremento es del 35%. Esta disparidad ha llevado a críticas sobre la falta de oferta pública en modalidad virtual, lo que podría estar contribuyendo a la privatización de la FP.
Los ciclos formativos de FP online tienen la misma validez que los presenciales, pero requieren desplazamientos físicos para exámenes y módulos de formación en empresas. Esto plantea un desafío adicional para los estudiantes, quienes deben equilibrar sus responsabilidades académicas con las exigencias del trabajo práctico.
A pesar de los avances en la FP, el abandono escolar sigue siendo un problema significativo. Según estadísticas recientes, el 41% de los estudiantes de grado básico abandonan sus estudios, mientras que el porcentaje disminuye a un 30% en grado medio y un 18% en grado superior. Esto indica que, aunque la FP ha ganado prestigio y se ha convertido en una opción viable para muchos jóvenes, aún existen desafíos que deben abordarse para mejorar la retención y el éxito académico.
El Gobierno ha destacado que la FP no solo está dirigida a jóvenes, sino también a adultos que buscan reciclarse o adquirir nuevas habilidades. Este enfoque inclusivo es fundamental en un mercado laboral en constante cambio, donde la formación continua se ha vuelto esencial para la empleabilidad.
La inversión en FP ha aumentado considerablemente gracias a los fondos europeos, pasando de 187 millones en 2018 a más de 1,200 millones en 2025. Esta inyección de recursos es crucial para fortalecer la oferta educativa y asegurar que los estudiantes reciban una formación de calidad que les prepare adecuadamente para el mercado laboral.
El nuevo decreto que se está preparando tiene como objetivo gestionar el crecimiento de la FP y evitar que se desordene. La regulación de la FP privada es un paso importante hacia la creación de un sistema educativo más equitativo y de calidad, donde todos los estudiantes tengan acceso a una formación que les permita desarrollarse profesionalmente y contribuir a la sociedad.
