Desguazar un barco en España es un proceso costoso, lento y burocrático. Desde tasas de amarre hasta autorizaciones de baja en la Capitanía Marítima, los propietarios enfrentan gastos insostenibles y retrasos de hasta un año. La falta de actualización normativa agrava la crisis del sector náutico y genera impactos económicos reales en astilleros, gestores y puertos.
¿Cuánto cuesta desguazar un barco en España en 2026?
El desguace de una embarcación pequeña —de unos siete metros— tiene un coste estimado de 1.800 euros, según Femevi. Este precio no incluye transporte si el barco está a más de 50 kilómetros del desguace. Además, el propietario debe seguir abonando tasas de amarre o depósito durante toda la espera administrativa.
Costes ocultos que multiplican la carga financiera
- El amarre puede superar los 300 euros mensuales, acumulándose durante meses.
- No existe subsidio ni ayuda pública para desguace de embarcaciones particulares.
- El seguro obligatorio sigue vigente hasta la baja definitiva, añadiendo gastos adicionales.
¿Por qué los trámites de baja tardan hasta un año?
La Capitanía Marítima, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es el único órgano competente para autorizar la baja de una embarcación. Su proceso se rige por normas de 1966, sin actualización digital ni simplificación administrativa. La cola de solicitudes es tan larga que Femevi reporta más de 200 barcos en espera de resolución.
¿Qué exige la nueva normativa de 2026?
Desde principios de 2026, se impone una nueva exigencia: notificar con 15 días de antelación el desguace a la Inspección Marítima. Esto permite su posible presencia en el acto, pero no acelera la autorización previa. La medida ha incrementado la incertidumbre operativa.
¿Es legal desguazar antes de obtener la baja?
No. La práctica de desguace anticipado —común entre propietarios desesperados— es considerada ilegal por la administración. Aunque el barco ya esté destruido, la baja registral sigue pendiente. Esto impide la cancelación de responsabilidades legales y fiscales vinculadas a la embarcación.
¿Qué riesgos asume el propietario?
- Responsabilidad civil por daños ambientales o accidentes posteriores al desguace.
- Multas por incumplimiento del Real Decreto 1171/2009, que regula la gestión de residuos náuticos.
- Imposibilidad de dar de baja vehículos asociados (remolques, motores) sin certificado de destrucción válido.
¿Cómo se compara España con otros países europeos?
En Francia, Holanda y el Reino Unido, el desguace es un proceso ágil: se lleva el barco al desguace y luego se tramita la baja. No hay autorización previa ni inspección obligatoria. El sector español exige equiparar el procedimiento al del achatarramiento de vehículos, donde un gestor autorizado emite el certificado de destrucción y gestiona la baja en 72 horas.
Datos Clave
- El desguace de barcos pequeños cuesta 1.800 euros (sin transporte ni amarre acumulado).
- La espera media para la autorización de baja supera los 6 meses, con picos de 12 meses.
- Femevi desguaza cerca de 100 embarcaciones al año, pero tiene una cola de más de 200 pendientes.
- La normativa vigente data de 1966, sin adaptación a la economía circular ni al Reglamento UE 2023/1115 sobre residuos marinos.
- El coste acumulado de amarre durante la espera puede superar los 3.600 euros (12 meses × 300 €/mes).
El marco legal obsoleto, la ausencia de digitalización y la falta de coordinación entre administraciones generan una crisis sistémica. Económicamente, esto frena la renovación de la flota náutica, reduce la actividad en astilleros y desincentiva la inversión en embarcaciones sostenibles. Desde el punto de vista ambiental, la demora alarga la exposición de estructuras deterioradas a la corrosión y filtraciones de aceites. Legalmente, la incoherencia entre el régimen de baja y el de residuos náuticos viola principios de prevención y responsabilidad ampliada del productor, establecidos en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados.
