La ocupación del antiguo instituto B9 en Badalona, que comenzó en el verano de 2023, ha llegado a su fin con el desalojo programado para el 17 de diciembre de 2025. Este proceso ha sido autorizado por una jueza, lo que ha llevado al Departament d’Interior y al Ayuntamiento de Badalona a preparar un amplio dispositivo policial para llevar a cabo la desocupación del recinto. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha manifestado su deseo de que los ocupantes sean desalojados, afirmando que quiere a los ocupas «fuera de Badalona».
A medida que se acerca la fecha del desalojo, muchos de los ocupantes han comenzado a abandonar el lugar, conscientes de la inminente acción policial. Según fuentes cercanas a la situación, se estima que alrededor de 200 personas permanecen en el asentamiento, aunque en su punto máximo, la población superó las 400. Las entidades sociales de la ciudad han preparado asistencia social de urgencia para aquellos que se verán afectados por el desalojo, con un enfoque especial en las 50 personas más vulnerables que están bajo la atención de los Servicios Sociales.
El Ayuntamiento de Badalona, junto con el Departament de Drets Socials, ha mantenido reuniones para gestionar la atención a estos migrantes, quienes han estado viviendo en condiciones insalubres e indignas dentro del B9. Este antiguo instituto, de propiedad municipal, ha sido descrito como un «auténtico poblado de miseria» en el auto judicial que autoriza el desalojo. En septiembre de 2025, se reportaron casos de tuberculosis dentro del recinto, lo que ha generado preocupación por la salud pública.
La oposición política ha criticado fuertemente el desalojo, calificándolo de «drama humanitario». Representantes de todos los grupos políticos han acudido a las inmediaciones del B9 para expresar su desacuerdo con la decisión del Ayuntamiento de desalojar a las personas sin ofrecer alternativas habitacionales. La presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, ha cuestionado al president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la falta de soluciones para los desalojados, denunciando que se trata de un desahucio sin alternativas.
Por otro lado, el desalojo ha transcurrido con relativa normalidad, aunque no han faltado pequeños altercados entre los manifestantes y la policía. A primera hora de la mañana, algunos de los antiguos ocupantes deambulaban por los alrededores del B9 con carros llenos de pertenencias, mientras que otros solicitaban poder regresar al recinto para recuperar documentos y objetos personales. La situación ha generado una gran tensión en la zona, con manifestantes que han comenzado a dispersarse y han convocado una nueva protesta para la tarde frente al Ayuntamiento de Badalona.
El operativo policial ha continuado, y se estima que alrededor de 80 personas aún permanecen dentro del B9, siendo identificadas por la policía. Las entidades sociales han denunciado que la policía no ha permitido a los desalojados recuperar sus pertenencias, lo que ha generado más frustración entre los afectados. La situación ha sido objeto de debate en el Parlament de Catalunya, donde se ha discutido la responsabilidad del Govern en el cumplimiento de la ley y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
El desalojo del B9 en Badalona es un reflejo de la compleja realidad que enfrentan muchas personas migrantes en España, quienes a menudo se encuentran en situaciones precarias y sin acceso a alternativas habitacionales adecuadas. La falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades ha llevado a un aumento de la tensión social, y el desenlace de este desalojo podría tener repercusiones significativas en la comunidad local y en la política de vivienda en la región.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centra en cómo se gestionará la situación de los desalojados y qué medidas se implementarán para garantizar su bienestar y derechos. Las entidades sociales continúan trabajando para ofrecer apoyo a aquellos que se ven afectados por esta situación, mientras que la comunidad local se moviliza para exigir soluciones a un problema que afecta a muchos.
