El Gobierno de España ha activado un mecanismo de urgencia para forzar el derribo del Algarrobico, el controvertido hotel ilegal en la costa de Carboneras (Almería). El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que exija al consistorio el acta del último pleno en 48 horas. Sin ese documento, no puede convocarse una nueva sesión para resolver el procedimiento de revisión de oficio de la licencia otorgada en 2003.
¿Qué plazos ha fijado el Miteco para el derribo del Algarrobico?
El Miteco exige dos plazos consecutivos y vinculantes. Primero, 48 horas para entregar el acta del pleno municipal. Segundo, 72 horas adicionales para convocar una nueva sesión plenaria. En ella, el Ayuntamiento debe aprobar la revisión de oficio de la licencia de obras concedida a Azata del Sol, S.L. el 13 de enero de 2003.
Este procedimiento es la vía administrativa más directa para anular la autorización ilegal. La licencia violó la Ley de Costas de 1988, al autorizar una construcción a menos de 100 metros de la línea de playa. El TSJA ya declaró nula dicha licencia en 2011, pero el derribo no se ejecutó.
¿Qué sanciones prevé la ley si Carboneras no cumple?
El Miteco ha advertido al Ayuntamiento que el incumplimiento activará el artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Esta norma permite ejecutar directamente la sentencia judicial sin necesidad de nueva resolución. En la práctica: el derribo se llevaría a cabo por orden judicial, con costes asumidos por el consistorio.
Además, se presumirá que el secretario y el alcalde son responsables de la falta de remisión de documentos. Esto abre la puerta a responsabilidades personales, incluidas sanciones disciplinarias o incluso penales si se acredita mala fe o negligencia grave.
¿Por qué sigue paralizado el derribo tras 23 años?
El Algarrobico es un símbolo de la debilidad institucional frente a la presión urbanística en zonas protegidas. Desde su construcción en 2003, ha acumulado 13 sentencias judiciales que lo declaran ilegal. Sin embargo, los cambios políticos locales, la falta de coordinación entre administraciones y los recursos interpuestos han dilatado su demolición.
En 2025, la Junta de Andalucía anunció un pacto para el derribo, pero el PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras bloqueó la suspensión de la licencia. Esto evidencia la fractura entre el nivel autonómico y el local, y la influencia del interés económico sobre el cumplimiento ambiental.
Impacto económico y ambiental real
El retraso ha generado costes acumulados superiores a 4,2 millones de euros, según cálculos del Miteco. Incluyen multas, gastos judiciales y pérdidas por degradación del espacio natural protegido del Cabo de Gata-Níjar. La construcción ha acelerado la erosión costera y alterado hábitats de aves migratorias y flora endémica.
Marco legal clave
- La Ley de Costas prohíbe edificaciones en la zona marítimo-terrestre, especialmente en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT).
- La Ley 27/2006 de Responsabilidad Ambiental obliga a la restauración integral del daño ecológico.
- El artículo 112 LJCA permite la ejecución forzosa de sentencias contra entidades locales.
¿Quién responde legalmente por la paralización?
El Miteco ha señalado al secretario y al alcalde como presuntos responsables de la falta de entrega de documentación. Esta presunción se basa en el artículo 47 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, que atribuye responsabilidad funcional a los órganos colegiados y a sus máximos responsables.
La inacción municipal no es técnica: es política. Y tiene consecuencias jurídicas inmediatas.
Datos Clave
- El Algarrobico fue construido en 2003 con una licencia declarada nula de pleno derecho por el TSJA en 2011.
- La Ley de Costas prohíbe construcciones a menos de 100 metros de la línea de playa.
- El Miteco exige 48 horas para el acta y 72 horas para la nueva sesión plenaria.
- El incumplimiento activa la ejecución forzosa bajo el artículo 112 LJCA.
- El secretario y el alcalde serán considerados responsables si no se remite la documentación.
