El Consejo Global para una Economía del Bien Común es una iniciativa de política económica con impacto internacional. Liderada por el vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, y la economista Mariana Mazzucato, busca redefinir los objetivos del crecimiento. Su propósito no es ajustar el sistema actual, sino transformar sus fundamentos. España actúa como primer país anfitrión. La propuesta nace en el marco del Movilización Progresista Global, celebrado en Barcelona en abril de 2026, con participación de líderes de izquierda de más de treinta países.
¿Qué implica una Economía del Bien Común?
Esta propuesta rechaza la idea de que los mercados operan de forma neutral. En su lugar, propone que el Estado debe ser un actor activo: no solo corregir fallas, sino moldear mercados desde su diseño. El bien común deja de ser una metáfora y se convierte en un marco operativo con criterios claros: quién se beneficia, qué actividades se recompensan y qué voces participan en las decisiones.
El rol del Estado como creador de valor
Mazzucato insiste en que el Estado no debe limitarse a intervenir después de los fracasos del mercado. Su función es prefigurar sectores estratégicos: energías renovables, salud pública, inteligencia artificial ética. Esto exige inversión pública anticipada, regulación orientada y alianzas con el sector privado bajo condiciones claras de rendición de cuentas y beneficio compartido.
¿Por qué España lidera esta iniciativa?
España asume el rol de anfitrión por su trayectoria reciente en políticas progresistas. El país ha combinado crecimiento económico con avances en transición ecológica, reformas fiscales progresivas y ampliación de derechos sociales. Cuerpo subraya que el modelo español demuestra que modernización y responsabilidad fiscal, ambiental y social no son incompatibles.
La dimensión económica real
El Consejo no es un foro teórico. Su impacto se medirá en políticas concretas: reformas en los marcos de inversión pública, indicadores alternativos al PIB, y mecanismos de evaluación de impacto social y ecológico en decisiones presupuestarias. Ya hay países interesados en incorporar sus principios en planes nacionales de recuperación.
¿Cuál es el marco legal y práctico de aplicación?
No existe un tratado internacional que lo respalde aún. Su impulso parte de acuerdos políticos entre gobiernos y redes académicas. Sin embargo, se articula con instrumentos existentes: la Directiva de Información no Financiera (NFRD), la Taxonomía UE de actividades sostenibles, y los compromisos del Pacto Verde Europeo. Su fuerza radica en la coordinación entre ministerios de Economía, Transición Ecológica y Derechos Sociales, evitando silos institucionales.
La exigencia de transparencia y rendición de cuentas
El Consejo incluirá mecanismos de participación ciudadana estructurada. No se trata de consultas puntuales, sino de co-diseño institucionalizado: consejos asesores con representación de sindicatos, cooperativas, comunidades locales y científicos independientes. Cada propuesta de política económica deberá incluir un análisis de impacto en desigualdad y sostenibilidad.
¿Qué impacto económico tiene esta propuesta?
El cambio de paradigma tiene consecuencias directas en la asignación de recursos. Prioriza inversiones con retorno social y ecológico, no solo financiero. Esto impulsa sectores de economía circular, cuidados, y infraestructura verde, generando empleo cualificado y resiliente. Estudios preliminares de la OCDE estiman que modelos basados en el bien común pueden aumentar la productividad social hasta un 12 % en una década.
Datos Clave
- El Consejo Global se lanzó formalmente en Barcelona, abril de 2026, durante el Movilización Progresista Global.
- Está liderado por Carlos Cuerpo y Mariana Mazzucato, con participación de ministros de finanzas y economistas de 30+ países.
- Su enfoque reemplaza la lógica de corrección del mercado por la de creación y moldeamiento de mercados.
- Se vincula operativamente con la Taxonomía UE, la NFRD y los objetivos del Pacto Verde Europeo.
- Exige indicadores de éxito más allá del PIB: reducción de brechas salariales, huella de carbono por sector y acceso equitativo a servicios públicos.
El Consejo no busca sustituir instituciones existentes. Busca reorientarlas. Su éxito dependerá de su capacidad para traducir principios éticos en mecanismos técnicos ejecutables, con evaluación independiente y apertura real al escrutinio ciudadano.
