La ciudad de Barcelona ha dado un paso significativo hacia la regulación del comportamiento cívico con la aprobación de una nueva ordenanza de civismo. Esta normativa, que se espera entre en vigor a finales de enero o principios de febrero de 2026, busca abordar los problemas de incivismo que han aumentado en la ciudad en las últimas dos décadas. La ordenanza fue aprobada en el pleno municipal con el apoyo de los partidos PSC, Junts y ERC, mientras que BComú y Vox se opusieron a la medida.
La necesidad de actualizar la normativa se ha vuelto evidente en un contexto donde la masificación turística y el ocio nocturno han generado tensiones entre los vecinos y los visitantes. El alcalde Jaume Collboni ha destacado que la ordenanza es «progresista» y «necesaria» para una Barcelona que ha cambiado significativamente desde la última revisión de la normativa hace más de 20 años. Según Collboni, las sanciones establecidas son «justas y proporcionadas», y el objetivo principal es reducir el incivismo, no aumentar las multas.
### Principales Cambios en la Normativa
Entre las novedades más destacadas de esta ordenanza se encuentran las multas que pueden alcanzar hasta 1.500 euros por realizar botellón en espacios donde haya menores presentes. Además, se establecen sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros para quienes promuevan las llamadas ‘rutas de borrachera’, que estarán prohibidas en toda la ciudad. La normativa también mantiene la prohibición de pintar grafitis en el espacio público, y quienes sean responsables de estos actos deberán asumir tanto la multa, que oscila entre 100 y 600 euros, como los costos de limpieza o reparación de los daños causados.
Las multas por orinar en la vía pública variarán entre 300 y 1.500 euros, dependiendo del lugar, mientras que las conductas que perturben el descanso vecinal, como música alta, gritos o peleas, serán sancionadas con importes de entre 750 y 1.500 euros. Además, los dueños de perros tendrán la obligación de limpiar los orines de sus mascotas; de no hacerlo, se enfrentarán a una multa de 300 euros. La venta ambulante ilegal también será penalizada, con sanciones que pueden llegar hasta los 600 euros.
### Proceso de Aprobación y Reacciones
La aprobación de esta ordenanza no fue un proceso sencillo. En 2017, durante el primer mandato de Ada Colau, se intentó modificar la norma para hacerla más laxa, pero la falta de acuerdos llevó a que se diera marcha atrás. La nueva normativa ha acumulado retrasos debido a la dificultad de alcanzar alianzas estables entre los diferentes grupos políticos. Sin embargo, el gobierno municipal logró finalmente un pacto con Junts y ERC, lo que permitió que la ordenanza se aprobara en el pleno.
El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha enfatizado que el objetivo de la norma es fomentar el diálogo y la mediación, y no simplemente aumentar las sanciones. Por su parte, el líder de Junts, Jordi Martí, reconoció las dificultades para llegar a un consenso, pero celebró que la ordenanza se haya encaminado hacia una solución útil para la ciudadanía. Desde ERC, se ha destacado la inclusión de medidas alternativas y la mediación como aspectos positivos de la nueva normativa.
Sin embargo, no todos los partidos están de acuerdo con la nueva ordenanza. El concejal de BComú, Marc Serra, ha criticado la normativa por considerarla «continuista y poco ambiciosa», cuestionando su eficacia. El líder del PP, Daniel Sirera, ha propuesto modificar la norma autonómica para que los agentes cívicos puedan sancionar, una sugerencia que fue recogida por Collboni, aunque las competencias no son municipales. Por su parte, el presidente de Vox, Gonzalo de Oro, ha calificado la ordenanza de «no valiente, ni eficaz ni suficiente».
La implementación de esta nueva ordenanza de civismo en Barcelona refleja un esfuerzo por parte del gobierno municipal para abordar los problemas de convivencia en una ciudad que ha visto un aumento en la presión sobre el espacio público. Con la entrada en vigor de estas nuevas normas, se espera que se logre un equilibrio entre el ocio nocturno y el descanso de los vecinos, así como una mejora en la limpieza y el respeto por el espacio público. La comunidad barcelonesa estará atenta a los resultados de esta normativa y su impacto en la vida cotidiana de la ciudad.
