El caso Les Naus sigue generando incertidumbre en Alicante. Más de un mes después de su revelación, el alcalde Luis Barcala rompió su silencio mediático, pero no aclaró los hechos clave. La justicia ha emitido ya un tercer requerimiento judicial, y la opacidad institucional contrasta con la gravedad del escándalo de viviendas protegidas. La ciudadanía exige transparencia. Los afectados esperan respuestas. Y los partidos de la oposición denuncian la falta de rastreo público de reuniones oficiales.
¿Qué ha dicho Barcala sobre su relación con Francisco Ordiñana?
El alcalde ha evitado confirmar o desmentir cualquier reunión con Francisco Ordiñana, empresario imputado y gestor de Les Naus. Su respuesta fue evasiva: «No voy a hacer absolutamente ninguna declaración». Añadió que hacerlo sería «una irresponsabilidad absoluta» y «una falta de respeto».
El silencio no es neutral
- El juzgado investiga presuntas irregularidades en la concesión de suelos y licencias.
- Ordiñana declaró haberse reunido con Barcala, pero el alcalde no ha verificado ni desmentido ese dato.
- La agenda institucional del Ayuntamiento no registra encuentros con responsables de Les Naus.
¿Qué exige la juez en su tercer requerimiento judicial?
La magistrada ha solicitado documentación adicional sobre la gestión del proyecto Les Naus, especialmente sobre trámites de urbanismo, licencias y comunicaciones entre el Ayuntamiento y la gestora. Barcala confirmó que el gobierno local entregará más archivos, aunque no especificó su alcance ni fecha de remisión.
El marco legal es claro
- La Ley 19/2013 de Transparencia obliga a publicar actos de relevancia institucional.
- El Reglamento de Régimen Interior del Ayuntamiento exige registrar reuniones con agentes privados vinculados a contratos públicos.
- La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial permite a los jueces requerir información oficial sin límite de veces.
¿Por qué no aparecen las reuniones en la agenda pública del alcalde?
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, planteó en pleno la pregunta clave: «¿Cuándo, con qué fin y cuántas veces?». La edil del PP Mari Carmen de España respondió posponiendo la respuesta al próximo pleno, un mes después. Esa demora alimenta la sospecha de opacidad administrativa.
Datos Clave
- El caso Les Naus afecta a 120 viviendas protegidas cuya construcción se paralizó en 2025.
- El Ayuntamiento recibió al menos tres requerimientos judiciales desde abril de 2026.
- La gestora del residencial, vinculada a Ordiñana, no cumplió con los plazos de entrega ni con los estándares de calidad exigidos.
- El impacto económico estimado supera los 8,2 millones de euros, incluyendo indemnizaciones y costes de reestructuración.
- La Comunidad Valenciana ha activado un protocolo de revisión de 47 proyectos similares en municipios con gestión PP.
¿Qué implica este caso para la confianza ciudadana?
El silencio prolongado del alcalde erosiona la credibilidad institucional. En un contexto de crisis de vivienda y escasez de protección pública, los ciudadanos exigen rendición de cuentas. El caso no es solo jurídico: es un test de gobernabilidad ética. La falta de transparencia en reuniones con actores privados vinculados a suelos públicos socava el principio de igualdad de oportunidades en la gestión urbanística.
El marco práctico es contundente: los ayuntamientos deben publicar, en tiempo real, encuentros con gestores de vivienda protegida. El marco económico es urgente: cada mes de paralización multiplica los costes para las familias y el erario. Y el marco legal es inapelable: la justicia no acepta silencios cuando hay indicios de prevaricación o falta de control administrativo.
