El juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y otros diez investigados por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, entra en una fase crítica. La Audiencia Provincial de Badajoz debe resolver cuestiones previas que podrían archivar partes clave del proceso. La fiscalía ya ha reconocido la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal, y denuncia una vulneración del derecho a la defensa del expresidente provincial Miguel Ángel Gallardo. El caso refleja tensiones entre transparencia administrativa, seguridad jurídica y control político.
¿Por qué se cuestiona la validez del juicio desde sus cimientos?
Los abogados defensores alegan que el proceso nació con vicios estructurales. Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, calificó la raíz del juicio como «podrida». Su argumento se basa en que los hechos imputados ocurrieron en 2017 y, tras más de siete años, muchos delitos ya superaron el plazo de prescripción penal. En derecho español, los delitos leves prescriben a los dos años; los graves, a los diez. La fiscalía coincide: considera prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal.
La nulidad parcial solicitada por Gallardo
Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación, no niega su gestión, pero sí la forma en que fue acusado. Su defensa pidió nulidad parcial del juicio respecto a la imputación sobre la creación del puesto de Luis Carrero. Alega que la acusación surgió de forma sorpresiva, sin posibilidad real de preparar una defensa técnica. La fiscalía respaldó este argumento, señalando una clara vulneración del derecho a la defensa, garantía constitucional recogida en el artículo 24 de la CE.
¿Qué papel juega la fiscalía en la fase previa del juicio?
La fiscal Begoña García no actúa como parte acusadora en esta etapa, sino como garante de la legalidad procesal. Su posición es técnica y objetiva. Ha avalado la prescripción del delito principal contra David Sánchez. También ha cuestionado la imputación de Gallardo por falta de notificación previa y motivación suficiente, lo que afecta la garantía de contradicción. Su informe refuerza que el Ministerio Público prioriza la corrección procesal sobre la persecución simbólica.
El impacto económico del caso
Aunque no se reclaman daños patrimoniales directos, el caso tiene coste institucional. La Diputación de Badajoz destinó más de 120.000 euros anuales al puesto de coordinador de conservatorios entre 2017 y 2019. Además, el litigio ha generado gastos judiciales, honorarios de letrados y tiempo administrativo desviado de políticas culturales reales. En un contexto de ajuste presupuestario local, cada euro gastado en litigios sin retorno social es un recurso perdido.
¿Qué dice el marco legal sobre la contratación de familiares en instituciones locales?
El Real Decreto Legislativo 2/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, prohíbe expresamente la contratación de parientes hasta segundo grado en puestos de confianza sin concurso público. La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público exige transparencia, publicidad y mérito en toda designación. La contratación de David Sánchez no pasó por concurso ni fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, lo que la convierte en potencialmente nula de pleno derecho.
Datos Clave
- El juicio se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz, no en un juzgado de instrucción.
- Se investigan once personas, entre ellas David Sánchez y el ex presidente provincial Miguel Ángel Gallardo.
- La fiscalía reconoce la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal.
- Se alega vulneración del derecho a la defensa por imputación sorpresiva sobre el puesto de Luis Carrero.
- La contratación se realizó en 2017, sin concurso público ni publicidad oficial.
¿Cómo afecta este caso al sistema de control ético en la administración?
Este juicio no es solo sobre un nombramiento aislado. Es un termómetro de la efectividad del control ético en las corporaciones locales. La Comisión de Ética del Congreso y la Junta Electoral Central han reforzado sus protocolos desde 2023, pero los mecanismos de prevención siguen siendo débiles. No existe una ley estatal que obligue a las diputaciones a publicar listas de contrataciones de familiares de cargos electos. La regulación depende de cada Reglamento Orgánico de Gobierno provincial, lo que genera desigualdad territorial y riesgo de arbitrariedad.
