El IPC de abril de 2026 se sitúa en el 3,2%, dos décimas por debajo de marzo. Esta desaceleración ha permitido al Gobierno adelantar la retirada de las medidas fiscales sobre energía. A partir del 1 de junio, el IVA de electricidad y gas natural volverá al 21%, tras meses de tipo reducido. La decisión responde a una mejora estructural en el sistema energético, impulsada por las energías renovables, y no solo a una fluctuación coyuntural.
¿Por qué ha bajado el IPC en abril de 2026?
La caída del IPC se explica principalmente por la factura de la luz, que registró una tasa interanual del -4,3%, y por el gas natural, con un descenso del -9,6%. Estos resultados contrastan con la presión al alza en carburantes, aún afectados por la volatilidad del petróleo tras la escalada del conflicto en Irán.
El Ministerio de Economía atribuye esta resiliencia al peso creciente de las energías renovables en la generación eléctrica. Su participación ha actuado como amortiguador frente a los shocks externos, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados.
¿Qué factores han impulsado la moderación del IPC?
- La transición energética ha disminuido la exposición a precios internacionales de gas y carbón.
- El aumento de la generación eólica y solar ha reducido el coste marginal de producción.
- La reforma del mercado eléctrico ha mejorado la transparencia y la competencia entre comercializadoras.
¿Qué impuestos cambian a partir del 1 de junio?
El Gobierno ha decidido desactivar anticipadamente las medidas fiscales temporales. Esto implica que, desde junio, se restablecerá el IVA general del 21% tanto para electricidad como para gas natural. Estas medidas estaban previstas hasta el 30 de junio, pero se adelantan un mes por la evolución favorable del IPC.
Sin embargo, otras medidas fiscales permanecerán vigentes hasta finales de junio:
- El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (céntimo verde).
- Las bonificaciones para carburantes, agricultura y transporte de mercancías.
¿Qué impuestos siguen vigentes y por qué?
El céntimo verde se mantiene porque su recaudación financia inversiones en redes inteligentes y almacenamiento. Las ayudas al transporte y la agricultura responden a su alta intensidad energética y su papel estratégico para la seguridad alimentaria y logística nacional.
¿Cómo afecta esto a los consumidores domésticos?
La subida del IVA supondrá un aumento directo en la factura de luz y gas, estimado entre el 3% y el 5% mensual, dependiendo del consumo y la tarifa. No obstante, los precios de la energía en el mercado mayorista siguen bajos, lo que podría mitigar parte del impacto.
Las familias con bono social eléctrico mantendrán su descuento del 25% o 40%, según perfil, aunque el cálculo se aplicará sobre una base imponible más alta por el IVA restablecido.
¿Qué dice el marco legal actual?
La retirada de las medidas fiscales se enmarca en la Ley 11/2023 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de consumidores. El artículo 7.2 permite su modificación o extinción si se cumplen condiciones macroeconómicas objetivas, como una tasa de inflación inferior al 4% durante dos meses consecutivos.
¿Cuál es el impacto económico real de esta decisión?
La medida tiene un doble efecto: refuerza la sostenibilidad fiscal, al recuperar ingresos tributarios estimados en 1.200 millones de euros anuales, y envía una señal de normalización a los mercados. Sin embargo, también aumenta la presión sobre los hogares con menores ingresos, especialmente en zonas rurales y en viviendas con baja eficiencia energética.
El Banco de España ha advertido que la inflación subyacente sigue por encima del 3%, lo que sugiere que la moderación no es aún estructural en todos los sectores.
Datos Clave
- El IPC de abril es del 3,2%, dos décimas menos que en marzo.
- El IVA de electricidad y gas vuelve al 21% a partir del 1 de junio.
- La factura de luz bajó un 4,3% y la de gas un 9,6% en términos interanuales.
- Las energías renovables explican más del 52% de la generación eléctrica en abril.
- El céntimo verde y las ayudas a carburantes siguen vigentes hasta finales de junio.
La decisión refleja una apuesta por la estabilidad fiscal y la confianza en la resiliencia del sistema energético. Pero también pone de manifiesto la tensión entre contención inflacionista y protección social. La transición verde ya no es solo ambiental: es un pilar de la política económica y fiscal española.
