El fin del acuerdo tácito de ‘fair play’ entre ERC y Junts marca un punto de inflexión en la política catalana. Ya no hay consenso tácito para no torpedear avances en soberanía. Ambos partidos ahora compiten abiertamente por el espacio político en Cataluña y ante el Gobierno de España. La alianza estratégica ha dado paso a una disputa frontal por liderazgo, ideología y acceso al poder.
¿Por qué se rompió el ‘fair play’ entre ERC y Junts?
El ‘fair play’ era un entendimiento no escrito: no sabotear acuerdos bilaterales con el PSOE que implicaran transferencias de competencias a Cataluña. Servía como garantía mínima de cooperación táctica tras el fracaso de la mesa de diálogo y la ruptura del Govern conjunto.
Pero ese equilibrio se desmoronó cuando Salvador Illa llegó al Palau de la Generalitat. ERC eligió pactar con los socialistas. Junts, en cambio, reactivó su identidad convergente y rechazó cualquier alianza con el PSC. La coexistencia ya no era funcional: ambos partidos necesitan diferenciarse para sobrevivir electoralmente.
El impacto del ‘botiflerismo’ en la estrategia de ERC
ERC dejó de temer ser tachada de botiflerismo al acercarse al PSOE. Antes, evitaba capitalizar concesiones como los indultos o la mesa de diálogo, por miedo a perder apoyo soberanista. Ahora, prioriza gobernabilidad sobre coherencia simbólica. Esa decisión refleja una redefinición de su base electoral: más pragmática, menos ideológica.
¿Qué acuerdos están ahora en peligro?
La delegación de competencias en inmigración, aprobada por ERC pero rechazada en el Congreso, fue un primer test de lealtad. Junts no la respaldó. Otros temas en vilo incluyen la financiación autonómica, la reforma del Estatut, y la gestión compartida de infraestructuras clave como el Ave a Francia.
La ruptura del eje nacional: ¿hacia la izquierda-derecha?
Ambos partidos han abandonado el eje nacional como eje principal de su discurso. Ahora se posicionan explícitamente en el eje izquierda-derecha: ERC con el PSC, Junts con el PP en temas económicos y de seguridad. Esto desdibuja la identidad soberanista y acerca a Junts al centro-derecha español.
¿Cuál es el marco legal que regula estos acuerdos?
No existe un marco legal formal que obligue a ERC y Junts a respetar acuerdos bilaterales con el Estado. Todo se sustenta en acuerdos políticos, no jurídicos. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el Estatut de Autonomia no prevén mecanismos de coordinación entre partidos soberanistas. La única base legal para transferencias de competencias es el artículo 150.2 de la Constitución, que exige unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y acuerdo parlamentario.
El impacto económico de la descoordinación
La falta de alineación frena inversiones clave. Proyectos como la digitalización de la sanidad catalana, la gestión única del agua o la reforma fiscal propia requieren consenso entre partidos y con el Gobierno central. Sin él, se paralizan. Según el Institut d’Estudis Regionals i Autonòmics, la incertidumbre política ha reducido un 12 % la inversión extranjera directa en Cataluña en 2025.
¿Qué implica esta ruptura para el futuro del soberanismo?
La fragmentación del soberanismo debilita su capacidad de presión institucional. Sin una voz unificada, el Gobierno de España puede negociar por separado con cada fuerza, aplicando la estrategia del ‘divide y vencerás’. Además, el electorado soberanista se divide: un 38 % apoya ahora a Junts por su tono firme; un 41 % prefiere ERC por su capacidad de gestión.
Datos Clave
- El ‘fair play’ era un acuerdo tácito, no legal, que evitaba sabotear acuerdos bilaterales con el PSOE.
- ERC pactó con el PSC tras la llegada de Salvador Illa al Palau.
- Junts reactivó el pujolismo y rechazó alianzas con partidos de izquierda.
- La delegación de competencias en inmigración fracasó por falta de apoyo de Junts.
- La descoordinación ha reducido un 12 % la inversión extranjera directa en Cataluña en 2025.
- El 38 % del electorado soberanista prefiere Junts; el 41 %, ERC.
