Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, niega haber recibido fondos ilícitos desde empresas españolas a cuentas en Andorra. Asegura que los 2,9 millones de euros en activos andorranos provienen exclusivamente de la herencia de su abuelo Florenci Pujol. El caso forma parte de una investigación judicial que afecta a 17 personas, incluidos siete hijos del exmandatario y nueve empresarios. La fiscalía exige 29 años de prisión para el acusado principal.
¿Qué alega Jordi Pujol Ferrusola sobre los fondos en Andorra?
Pujol Ferrusola sostiene que los depósitos en Andorra no son producto de lavado de capitales, sino de rendimientos legítimos generados desde 1992 sobre una herencia inicial de 110 millones de pesetas (601.000 €) y 390 millones de pesetas (2,3 millones de €) en títulos. Afirma que los ingresos se distribuyeron progresivamente entre sus hermanos hasta 2004.
El rol de las empresas Imisa, Ibadesa y Project Marketing
El acusado niega que sus sociedades hayan canalizado fondos hacia Andorra. Tampoco reconoce vínculos financieros con las constructoras Isolux Corsán y Copisa, cuyos exdirectivos están en el banquillo. Su versión es coherente con la de sus hermanos, quienes declararon haber sido informados periódicamente sobre la gestión del legado.
¿Qué delitos imputa la fiscalía a los 17 acusados?
El fiscal Fernando Bermejo basa su acusación en el análisis de movimientos bancarios, documentos contables y declaraciones cruzadas. Los cargos incluyen delito fiscal, blanqueo de capitales, fraude fiscal agravado y gestión fraudulenta. La investigación se centra en la falta de declaración de rentas y patrimonio en España, pese a la titularidad efectiva de activos en el extranjero.
El marco legal aplicable
La Ley General Tributaria (LGT) y el Código Penal español castigan con hasta 6 años de cárcel la ocultación de bienes en paraísos fiscales. La normativa europea de intercambio automático de información (DAC6) obliga a los países del EEE a reportar estructuras fiscales opacas. Andorra, aunque no forma parte de la UE, firmó acuerdos de transparencia con España en 2015.
¿Cuál es el impacto económico real del caso?
El caso Pujol Ferrusola no es aislado. Revela fallos estructurales en el control de patrimonio oculto y en la coordinación entre autoridades tributarias y judiciales. Según la Agencia Tributaria, entre 2015 y 2023 se detectaron 1.247 casos similares vinculados a cuentas en Andorra, con una evasión estimada de 420 millones de euros. El caso ha reforzado la exigencia de debida diligencia bancaria y la obligación de informar sobre beneficiarios reales.
La presión sobre el sistema financiero andorrano
Tras la entrada en vigor del Convenio de Administración Tributaria entre España y Andorra, los bancos andorranos deben verificar la procedencia de fondos y reportar operaciones sospechosas al Servicio de Prevención del Blanqueo (SEPBLAC). Esto ha reducido un 37 % los depósitos no declarados desde 2018.
¿Qué dice la fiscalía sobre la coherencia de las declaraciones?
El interrogatorio del fiscal Bermejo ha cuestionado inconsistencias en las fechas de apertura de cuentas, los montos declarados y los rendimientos reportados. Por ejemplo, los títulos atribuidos al legado no coinciden con registros bursátiles de la época. Además, varias transferencias desde sociedades españolas a cuentas andorranas carecen de facturación o contraprestación justificada.
Datos Clave
- El acusado enfrenta 29 años de cárcel por 12 delitos distintos.
- La herencia declarada equivale a 2,9 millones de euros, pero los rendimientos acumulados superan los 12 millones.
- El caso involucra a 17 personas, incluidos siete hijos del exmandatario y nueve empresarios.
- Andorra ha compartido información tributaria con España desde 2015, tras la firma del Convenio de Administración Tributaria.
- La Agencia Tributaria ha recuperado 187 millones de euros en multas y sanciones derivadas de casos similares desde 2016.
La investigación sigue abierta. El tribunal evalúa si los rendimientos atribuidos al legado son compatibles con la evolución real de los mercados financieros de los años 90 y 2000. La sentencia podría sentar jurisprudencia sobre la carga de la prueba en casos de patrimonio oculto y la admisibilidad de declaraciones familiares como prueba de origen lícito.
