Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense desde 2019 y reelegido en 2023 con DO como fuerza más votada, ha sido imputado por presunta prevaricación. La causa gira en torno a la compatibilidad entre su cargo público y su actividad privada en Auria TV. El magistrado instructor señala que actuó con conocimiento de causa y causó grave daño económico a las arcas municipales. El caso reabre el debate sobre la ética del ejercicio del poder local y la coherencia entre discurso opositor y gestión ejecutiva.
¿Qué es la prevaricación municipal y por qué afecta al alcalde de Ourense?
La prevaricación es un delito contra la Administración Pública. Ocurre cuando un funcionario toma una decisión manifiestamente injusta, contraria al derecho y con conocimiento de su ilegalidad.
En este caso, el juez considera que Jácome ejerció como director y propietario de Auria TV mientras percibía sueldo público sin solicitar la autorización previa del pleno municipal. Esa autorización es obligatoria según la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
El alcalde no solo omitió el trámite. El auto judicial subraya que actuó con conciencia de la injusticia y del perjuicio económico para el Ayuntamiento.
La normativa es clara y aplicable a todos los cargos electos
La Ley 53/1984 exige compatibilidad expresa para ejercer actividades privadas remuneradas. No basta con la ausencia de conflicto de intereses. Se requiere resolución formal del órgano competente: el pleno municipal.
El Tribunal Supremo ha reiterado que la omisión deliberada de este trámite puede configurar prevaricación, especialmente si el cargo implica responsabilidad económica o de gestión presupuestaria.
¿Por qué este caso trasciende lo local y afecta a la confianza ciudadana?
El caso Jácome no es aislado. Refleja una tensión estructural en la política local española: la brecha entre el discurso de ética radical en la oposición y la práctica administrativa en el gobierno.
Cuando era concejal, Jácome impulsó denuncias contra exalcaldes del PSdeG y del PP. Todas fueron archivadas o terminaron en absoluciones. Ahora, la imputación lo sitúa en la misma posición que sus antiguos rivales.
Esto erosiona la credibilidad institucional. Los ciudadanos perciben una doble moral: exigencia máxima al otro, tolerancia máxima a sí mismo.
El impacto económico va más allá del sueldo
El daño no se limita al monto percibido por Jácome en Auria TV. El juez destaca el perjuicio reputacional y la desconfianza generalizada en la gestión municipal. Esa desconfianza frena inversiones, reduce la participación ciudadana y encarece el acceso al crédito para el Ayuntamiento.
Un estudio del Banco de España (2025) vincula cada 10% de caída en la percepción de integridad local con un 1,2% de reducción en la inversión privada en el municipio.
¿Qué dice la jurisprudencia sobre la acumulación de cargos y medios de comunicación?
El Tribunal Supremo ha sentado doctrina en casos similares. En la Sentencia 1247/2022, declaró que la dirección de un medio de comunicación por un cargo electo no es incompatible per se. Pero sí lo es si se ejerce sin autorización y con beneficio económico directo.
La clave está en la transparencia del régimen retributivo y en la ausencia de influencia en la contratación pública. En Ourense, el juez apunta a que Auria TV recibió servicios municipales sin concurso público.
La defensa del alcalde se basa en la “innecesariedad” del permiso
Jácome alega que el trámite era “innecesario”. Esa postura choca con la doctrina del Tribunal de Cuentas, que exige compatibilidad incluso para actividades no vinculadas directamente con la función pública.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha rechazado sistemáticamente argumentos de “obviedad” o “falta de conflicto real”.
¿Qué implica la apelación ante la Audiencia Provincial?
La defensa anunció apelación inmediata. El recurso busca la revocación del auto de imputación, no un sobreseimiento definitivo. La Audiencia Provincial decidirá si el juez instructor actuó con fundamento suficiente.
Si confirma la imputación, el caso pasará a fase de instrucción completa. Si lo anula, la causa podría archivarse sin juicio oral.
Datos Clave
- La prevaricación requiere decisión injusta, conocimiento de su ilegalidad y perjuicio para la Administración.
- La Ley 53/1984 obliga a solicitar compatibilidad al pleno para ejercer actividad privada remunerada.
- El juez señala daño económico y reputacional directo para el Ayuntamiento de Ourense.
- Todas las denuncias previas de Jácome contra exalcaldes fueron archivadas o terminaron en absoluciones.
- La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige autorización expresa, incluso si la actividad parece ajena a la función pública.
El caso marca un punto de inflexión en la política ourensana. No solo por su dimensión legal, sino por su efecto en la percepción de coherencia ética. La ciudadanía observa si el estándar de exigencia aplicado en la oposición se mantiene en el gobierno. La respuesta definirá la confianza en las instituciones locales durante los próximos años.
