La Ley D’Hondt determina cómo se reparten los 109 escaños del Parlamento andaluz. En 2026, 15.000 votos podrían decidir si el PP logra o no una mayoría absoluta. El censo creció un 3%: 170.000 electores más compiten por los mismos escaños. Eso reduce los porcentajes relativos y amplifica el efecto de los restos electorales. El PP aspira a 1,5 millones de votos, pero ya no basta con el número: importa dónde se concentran.
¿Por qué la Ley D’Hondt es clave en Andalucía en 2026?
La Ley D’Hondt es un sistema matemático de reparto proporcional. No asigna escaños según el voto total, sino por provincias. Andalucía tiene ocho circunscripciones. Cada una elige entre 11 y 20 diputados. El sistema favorece a los partidos más votados en cada provincia, pero castiga a los que reparten su voto de forma homogénea.
En 2022, los restos electorales beneficiaron al PP en provincias como Cádiz y Málaga. Ahora, el crecimiento de Vox en Huelva y Sevilla puede desplazar esos restos. Un voto más allá del umbral provincial puede significar un diputado extra. O perderlo.
¿Cómo afecta el crecimiento del censo a la mayoría absoluta?
El censo andaluz supera los 6,3 millones de electores. Un aumento de 170.000 personas modifica los umbrales mínimos para acceder al Parlamento. El umbral electoral es del 3% por provincia. Con más votantes, ese 3% representa más sufragios. Eso dificulta la entrada de partidos pequeños, pero también diluye los porcentajes de los grandes.
El PP necesita 55 escaños para gobernar en solitario. En 2022 obtuvo 58 con el 43% de los votos. Hoy, con el mismo porcentaje, podría quedarse en 52. Porque el voto no se distribuye igual. Y porque el 3% en una provincia con 800.000 electores exige 24.000 votos. En otra con 1,1 millones, exige 33.000.
¿Qué papel juega la coalición de izquierdas en el cálculo electoral?
La alianza entre PSOE, Podemos, IU y Sumar busca superar los umbrales provinciales. Su estrategia no es competir en todas las provincias, sino concentrar votos donde tienen más fuerza: Cádiz, Sevilla y Granada. Eso reduce los restos que podrían beneficiar al PP.
Juanma Moreno descarta que esta coalición le reste votos del centro. Su análisis apunta a que su electorado no se desplaza hacia la izquierda. Pero sí reconoce que la movilización de ese bloque puede alterar los restos en provincias clave. En 2022, el PSOE obtuvo 30 escaños. Si en 2026 logra 34, los restos del PP se reducen en al menos tres provincias.
¿Qué es el efecto de los restos electorales?
Los restos son los votos que sobran tras asignar escaños enteros. La Ley D’Hondt los calcula dividiendo los votos totales de cada partido por 1, 2, 3… hasta el número de escaños disponibles. Los cocientes más altos ganan los escaños. Los restos determinan quién se lleva el último diputado de cada provincia.
¿Por qué Vox complica el cálculo del PP?
Vox creció un 42% en intención de voto en Huelva entre 2022 y 2026. En Sevilla, su apoyo subió un 28%. Eso fragmenta el voto de derecha. En provincias donde el PP y Vox compiten por el mismo electorado, los restos del PP se reducen. Y los de Vox, aunque no lleguen a un escaño, desplazan los cocientes del PP.
Datos Clave
- El PP necesita 55 diputados para gobernar en solitario.
- 15.000 votos pueden marcar la diferencia entre 52 y 57 escaños.
- El censo creció 170.000 electores: +3% desde 2022.
- La Ley D’Hondt se aplica por provincia, no a nivel autonómico.
- Vox podría obtener hasta 12 escaños si mantiene su crecimiento actual.
- El umbral electoral es del 3% por provincia, no del 3% total.
El marco legal está fijado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Su aplicación en Andalucía se rige por el Estatuto de Autonomía y la Ley Electoral Andaluza. Desde 2023, el Tribunal Supremo ha reforzado la transparencia en el cómputo de restos. Eso impide ajustes discrecionales y exige publicación detallada de cocientes por provincia.
Económicamente, una mayoría absoluta acelera la aprobación de presupuestos. Sin ella, el PP debe negociar con Vox. Eso implica compromisos en políticas fiscales, empleo público y gasto en servicios sociales. Un gobierno en minoría retrasa hasta 120 días la aprobación de cuentas. Eso frena inversiones en infraestructuras y programas de empleo juvenil.
La incertidumbre electoral ya impacta en los mercados locales. Empresas andaluzas postergan contrataciones hasta conocer la composición del Parlamento. El índice de confianza empresarial cayó un 4,2% en el primer trimestre de 2026, según el Instituto de Estadística de Andalucía.
