La reciente investigación sobre la trama de corrupción que involucra a Santos Cerdán, exsecretario de Organización, ha puesto en el centro de la atención mediática a la empresa Servinabar y su relación con Acciona. Este escándalo ha sacudido Aragón, revelando un entramado de pagos y contratos que podrían tener implicaciones significativas en el ámbito de la obra pública. En este contexto, se han destapado detalles sobre cómo Servinabar, en colaboración con Acciona, habría recibido casi 200.000 euros por operaciones logísticas en Zaragoza, lo que ha llevado a la Audiencia Nacional a investigar más a fondo estas transacciones.
La trama comenzó a tomar forma cuando se conocieron los pagos realizados por Acciona a Servinabar, que se habrían llevado a cabo en el marco de dos operaciones logísticas en el polígono de Malpica y en Plaza. Según un documento extenso entregado por Acciona a la Audiencia Nacional, se detallan todos los contratos y gestiones que la constructora navarra realizó con Servinabar, lo que incluye desde la obtención de licitaciones públicas hasta contratos más pequeños. Este informe, que abarca más de 150 páginas, ha revelado la magnitud de la relación entre ambas empresas y su conexión con el Gobierno de Aragón.
Uno de los puntos más destacados de esta investigación es el derribo del edificio principal de la Universidad Laboral en Zaragoza, donde se señala que Acciona pagó a Servinabar un total de 44.104,50 euros. Este pago se realizó en el contexto de un servicio técnico de prevención de riesgos laborales, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de los servicios prestados y la transparencia de los contratos. La empresa de Cerdán y Alonso facturó 4.500 euros por un periodo de doce meses, emitiendo varias facturas que reflejan un intercambio de correos electrónicos entre empleados de Acciona y Servinabar, lo que sugiere una relación más estrecha de lo que se había asumido inicialmente.
La investigación también ha puesto de manifiesto la conexión de Servinabar con otras empresas, como Erri Berri, que se encargó de los trabajos de demolición en la Universidad Laboral. Se ha informado que Erri Berri recibió pagos de hasta 100.000 euros, lo que añade otra capa de complejidad a este caso. La UCO de la Guardia Civil ha estado investigando estos pagos, lo que ha llevado a un mayor escrutinio sobre cómo se han gestionado los contratos en el ámbito de la obra pública en Aragón.
### Detalles de las operaciones logísticas
Las operaciones logísticas que llevaron a cabo Acciona y Servinabar no se limitan solo al derribo de la Universidad Laboral. Según la documentación presentada a la Audiencia Nacional, se ha identificado una segunda operación en Plaza, donde Servinabar recibió un total de 145.200 euros, distribuidos en tres facturas de 48.400 euros cada una. Esta operación se describe como la ejecución de obras de derribo de edificaciones en una finca en la calle Manfredonia, en el polígono industrial de Plaza. Aquí, Servinabar se presenta como la empresa encargada de gestionar los trámites intermedios y coordinar las tareas de los agentes involucrados en el proyecto.
Además, Servinabar ha afirmado que cobra unos honorarios de 120.000 euros por la oportunidad de hacerse con una operación en Malpica, con Montepino como cliente. Este tipo de acuerdos plantea preguntas sobre la ética y la legalidad de las prácticas comerciales en el sector de la construcción, especialmente cuando se involucra a entidades públicas.
Los hitos que Servinabar ha marcado en su trayectoria incluyen la aprobación inicial y definitiva del PIGA, así como la compra definitiva del inversor logístico de la parcela. Cada uno de estos pasos ha sido remunerado con 40.000 euros, lo que pone de relieve la importancia de estos contratos en el desarrollo de proyectos logísticos en la región.
La situación actual ha llevado a Acciona a denunciar ante la Fiscalía los contratos con Servinabar en otras localidades, como Sant Feliu y Logroño, al detectar lo que consideran ‘mendacidad y ocultación’ en las gestiones realizadas. Esta denuncia podría abrir la puerta a una investigación más amplia sobre las prácticas de contratación en el sector de la construcción y la relación entre empresas privadas y entidades públicas.
La trama de corrupción que se está desenredando en Aragón no solo afecta a las empresas involucradas, sino que también pone en tela de juicio la integridad de las instituciones públicas y la confianza de los ciudadanos en el sistema. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles que revelen la profundidad de esta red de corrupción y sus implicaciones para el futuro de la obra pública en la región.
