La situación de las personas con discapacidad y mayores en Catalunya es alarmante. Según el último informe de la Síndica de Greuges, las personas con discapacidad deben esperar una media de 1.991 días para acceder a servicios residenciales, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el año anterior. Por otro lado, las personas mayores enfrentan una espera de 583 días para obtener una plaza en una residencia, un incremento del 7% respecto al año anterior. Esta situación se agrava con el aumento del 23,4% en el número de familias que esperan una vivienda de emergencia, alcanzando un total de 1.304 familias en esta situación. Además, el tiempo medio de tramitación para la Renda Garantida de Ciutadania ha pasado de 76 a 122 días, lo que refleja un deterioro significativo en la eficiencia de la administración pública.
La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha calificado esta situación como un «fin de ciclo» para la administración catalana, instando a un «acuerdo de país» que permita una transformación profunda del sistema. Durante la presentación del informe, Giménez-Salinas subrayó que no se pueden seguir implementando medidas aisladas, sino que es necesario un cambio estructural que devuelva a la administración su propósito de servir a la ciudadanía. La burocratización excesiva ha sido identificada como una de las principales causas de esta lentitud, con estimaciones que indican que los trabajadores públicos dedican hasta un 30% de su jornada laboral a tareas burocráticas, lo que impacta negativamente en la atención a las personas.
La prometida ventana única por parte de la Generalitat, que debería haber estado en funcionamiento en 2025, se presenta como una posible solución a esta burocratización, pero hasta el momento no se ha implementado. Esta falta de atención ha llevado a que el 60% de las personas en situación de privación material severa no accedan ni al Ingreso Mínimo Vital (IMV) ni a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).
El año 2025 ha sido el más activo en la historia de la Síndica, con más de 25.000 actuaciones, 13.646 quejas y 11.428 consultas. La mitad de estas quejas se relacionan con derechos sociales, y las denuncias por el mal funcionamiento de los servicios sociales han aumentado un 61,6%. A pesar de que se han incrementado los recursos destinados a políticas sociales, esto no se ha traducido en una mejora en la eficiencia del sistema. La presión asistencial ha crecido, y el descontento entre los profesionales de servicios sociales, atención primaria y educación es cada vez más evidente.
La situación de la vivienda también es preocupante. Aunque el informe menciona que el Govern está tomando medidas para desarrollar políticas estructurales a medio y largo plazo, se considera que no se ha avanzado lo suficiente en la creación de un parque de vivienda social estable. Actualmente, hay alrededor de 40.000 viviendas sociales disponibles, mientras que cerca de 120.000 personas están registradas como solicitantes. Las quejas relacionadas con la vivienda han aumentado en un 52,4% en el último año.
En el ámbito de la infancia, el informe destaca problemas como la excesiva burocracia en los trámites y la priorización de intereses organizativos internos sobre el bienestar de los ciudadanos. Esto ha afectado a los centros educativos de alta complejidad y a los servicios de protección infantil, que han sufrido una alta rotación de personal debido a las condiciones laborales precarias. Esta inestabilidad es perjudicial para los menores y sus familias, quienes se ven obligados a cambiar constantemente de referente en la administración.
La Síndica también ha hecho hincapié en la necesidad de desinstitucionalizar a los menores, evitando que aquellos que no pueden estar al cuidado de sus progenitores terminen en recursos residenciales. En 2025, al menos 300 menores de seis años se encontraban en estos recursos, y otros 300 más estaban en instalaciones destinadas a personas sin hogar. En total, Catalunya cuenta con aproximadamente 5.300 menores tutelados, un aumento del 4% respecto al año anterior. Giménez-Salinas ha cuestionado la falta de acción para evitar que 300 niños crezcan en residencias, a pesar de las promesas del Govern de reformar la DGPPIA.
El informe también aborda el problema del sinhogarismo, con una cumbre convocada por la Síndica en diciembre con los ayuntamientos. Una encuesta reveló que al menos 6.724 personas dormían en las calles de ciudades con más de 20.000 habitantes en Catalunya. Además, el caos en la red de Rodalies ha contribuido al aumento de quejas, con un incremento del 136% en comparación con el año anterior, siendo la puntualidad el principal motivo de insatisfacción.
A pesar de los desafíos, el informe destaca una iniciativa positiva en el ámbito de la justicia restaurativa, que busca reparar simbólicamente a las personas que presentan quejas. Durante 2025, el 90,2% de las recomendaciones de la Síndica en este sentido fueron respetadas, lo que sugiere un camino hacia una mayor eficacia en la resolución de conflictos y la atención a las necesidades de los ciudadanos.
