El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado recientemente una orden ejecutiva que ha generado un intenso debate en torno a la crisis de las personas sin hogar en el país. Esta medida, que permite a los estados y ciudades retirar a las personas sin hogar de las calles y enviarlas a centros de tratamiento, ha sido calificada de polémica por muchos defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
**Un Nuevo Enfoque para la Crisis de Personas Sin Hogar**
La orden ejecutiva firmada por Trump busca establecer un enfoque más agresivo para abordar el problema de las personas sin hogar, centrándose en la seguridad pública. En su declaración, el mandatario argumentó que la administración ha adoptado un nuevo enfoque que prioriza la protección de la seguridad de los ciudadanos. La medida instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a tomar acciones legales para revocar precedentes judiciales que limitan la capacidad de los gobiernos locales y estatales para trasladar a las personas que viven en las calles a centros de tratamiento, incluso sin su consentimiento.
Además, la normativa exige que los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, así como Vivienda y Transporte, prioricen las subvenciones federales para aquellos estados y ciudades que implementen prohibiciones sobre el consumo abierto de drogas, acampar en zonas urbanas y el merodeo. Este enfoque ha suscitado preocupaciones sobre la posible criminalización de la pobreza y la falta de vivienda, así como sobre la privacidad y la vigilancia de las personas afectadas.
**Reacciones de la Sociedad Civil y Expertos**
La reacción a la orden ejecutiva ha sido rápida y contundente. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha expresado su preocupación por las implicaciones que esta medida podría tener para los derechos de las personas sin hogar. Scout Katovich, abogada del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la ACLU, ha denunciado lo que considera un “notable desprecio” por los derechos y la dignidad de las personas vulnerables. Katovich argumenta que el internamiento forzado en instituciones no resolverá el problema de la falta de vivienda ni apoyará a las personas con discapacidades, sino que, por el contrario, podría agravar la situación.
La abogada también ha señalado que las instituciones cerradas son peligrosas y que el tratamiento forzado no ha demostrado ser efectivo. En su opinión, las políticas que castigan a las personas desfavorecidas, como la reciente reducción del programa de salud pública Medicaid, solo empeoran la situación de las personas sin hogar y de aquellos que luchan contra la adicción y problemas de salud mental.
El número de personas sin hogar en Estados Unidos ha alcanzado cifras alarmantes, con más de 274,000 personas viviendo en las calles en una sola noche durante el 2024, según datos de la Casa Blanca. Esta cifra representa el nivel más alto jamás registrado en el país, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de las políticas actuales y la dirección que está tomando la administración de Trump en este tema.
**Implicaciones a Largo Plazo y Futuras Políticas**
La orden ejecutiva de Trump no solo aborda la crisis inmediata de las personas sin hogar, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de las políticas de salud mental y tratamiento en el país. La instrucción a la fiscal general para que brinde asistencia a los gobiernos estatales y locales en el internamiento civil de personas con enfermedades mentales que representan un peligro para sí mismas o para otros podría abrir la puerta a un aumento en la criminalización de la salud mental.
Además, la recopilación de datos federales sobre personas sin hogar y discapacidades mentales podría llevar a un mayor escrutinio y vigilancia de estas poblaciones, lo que ha generado preocupaciones sobre la privacidad y el uso indebido de la información. Los críticos advierten que esta medida podría justificar una mayor criminalización de las personas sin hogar, en lugar de abordar las causas subyacentes de la falta de vivienda y la salud mental.
En un contexto donde la falta de vivienda sigue siendo un problema creciente, la implementación de políticas que priorizan la seguridad pública sobre el bienestar de las personas más vulnerables podría tener consecuencias devastadoras. La comunidad de defensores de los derechos humanos y expertos en políticas sociales continúan abogando por un enfoque más compasivo y efectivo que aborde las raíces del problema, en lugar de simplemente trasladar a las personas sin hogar de un lugar a otro.
