La reciente sesión de control al Gobierno ha puesto de manifiesto la creciente tensión entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios, especialmente ERC y Junts. En un ambiente marcado por la indignación y la exigencia de respuestas claras, los aliados del PSOE han elevado sus condiciones para mantener su apoyo, lo que deja al Gobierno de Pedro Sánchez en una situación delicada.
La diputada de ERC, Teresa Jordá, fue clara al advertir que el Gobierno «pende de un hilo» y que, si desea continuar contando con su respaldo, debe cumplir con los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura. Jordá enumeró una serie de demandas que incluyen el traspaso de las competencias de Cercanías, la reversión del déficit de inversiones en Cataluña y un aumento de la soberanía en sectores estratégicos para la región. La diputada no dudó en enfatizar que el cumplimiento de estos acuerdos es esencial para mantener la confianza de su partido en el Gobierno.
Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentó calmar las aguas asegurando que el Ejecutivo está comprometido a restaurar la confianza y colaborar con la Justicia en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, las palabras del ministro no fueron suficientes para apaciguar a los críticos, quienes demandan acciones concretas y efectivas. El diputado de Junts, Josep Pagès, también dejó claro que su formación no apoyará iniciativas del PSOE si estas no benefician a Cataluña, lo que añade más presión al Gobierno en un momento crítico.
La situación se complica aún más con la aparición de nuevos casos de corrupción que han salpicado al Ejecutivo, lo que ha llevado a sus socios a adoptar una postura más dura. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha sido especialmente crítica, acusando a Sánchez de mentir sobre el gasto militar y de traicionar los principios de la coalición. Esta serie de reproches y exigencias ha dejado al Gobierno en una posición vulnerable, donde cada decisión puede tener repercusiones significativas en su estabilidad.
La presión sobre el Gobierno no solo proviene de sus socios, sino también de la oposición, que ha intensificado sus ataques. El PP, por ejemplo, ha tratado de fragmentar al Ejecutivo acusando a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ser cómplice de la corrupción. Este tipo de acusaciones, junto con el ambiente hostil en el Congreso, ha creado un escenario donde el Gobierno debe actuar con cautela para no perder el apoyo de sus aliados.
En este contexto, la cumbre de la OTAN se presenta como un punto de inflexión. La presión internacional y las expectativas sobre el gasto militar han generado un debate interno que podría afectar aún más la cohesión del Gobierno. La oposición ha utilizado este tema para criticar la gestión del Ejecutivo, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la situación.
Los aliados del Gobierno han dejado claro que no están dispuestos a seguir apoyando un Ejecutivo que no cumpla con sus compromisos. La advertencia de ERC y Junts es un claro indicativo de que la paciencia se está agotando. La falta de cumplimiento en las promesas realizadas podría llevar a una ruptura en la coalición, lo que tendría consecuencias graves para la estabilidad política del país.
En resumen, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un momento crítico en el que debe equilibrar las exigencias de sus socios con las presiones de la oposición. La corrupción y la falta de cumplimiento de acuerdos son temas que están en el centro del debate político actual, y el futuro del Ejecutivo dependerá de su capacidad para gestionar estas tensiones de manera efectiva. La situación es volátil y cualquier error podría desencadenar una crisis que afecte no solo al Gobierno, sino también a la estabilidad política de España en su conjunto.
