La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia que condena a seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos a penas de prisión que suman más de siete años por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Este fallo se deriva de la estafa perpetrada en la captación de fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011, un caso que ha tenido un gran impacto en el ámbito financiero y empresarial en España.
### Un Esquema de Estafa Complejo
La sentencia, que abarca 672 páginas, detalla cómo los condenados, junto con José Ramón Romero, exdirector de la oficina del Grupo Rumasa en Jerez de la Frontera, llevaron a cabo un esquema de captación de fondos que se basaba en la creación de una imagen de solvencia que no correspondía a la realidad. La Audiencia Nacional ha determinado que el Grupo Nueva Rumasa estaba compuesto por un conglomerado de sociedades que, aunque operaban bajo una gestión común, no formaban un grupo consolidado según la legislación mercantil y fiscal. A pesar de esta falta de consolidación, el patrimonio de estas sociedades se utilizaba indistintamente para cubrir las necesidades financieras del grupo, lo que generó una considerable opacidad en sus operaciones.
Los magistrados han señalado que la mayoría de las sociedades del grupo estaban registradas en paraísos fiscales como Belice, Panamá y Holanda, lo que facilitó la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Este entramado permitió a los Ruiz-Mateos ocultar su situación financiera crítica mientras continuaban captando fondos del público a través de agresivas campañas publicitarias en medios de comunicación nacionales. Estas campañas ofrecían inversiones en sus empresas a cambio de altos intereses, creando una falsa sensación de seguridad entre los inversores.
### La Captación de Fondos y sus Consecuencias
La sentencia revela que, entre 2009 y 2011, se captaron fondos de al menos 4.110 personas, alcanzando un total de 337.377.450,60 euros. Sin embargo, el dinero recaudado no se utilizó para los fines prometidos, sino que se destinó a cubrir gastos personales de los condenados y a mantener un estilo de vida que ya no podían sostener. La situación financiera del Grupo Nueva Rumasa era alarmante, con deudas que superaban los 197,5 millones de euros en 2009 y otros 194,6 millones que vencían en 2010. A pesar de esta crisis, los responsables del grupo decidieron seguir captando fondos, ocultando su verdadera situación a los acreedores y proveedores.
El tribunal ha destacado que los acusados utilizaron pagarés de empresa no a la orden, emitidos y avalados por las sociedades del grupo, como garantía para los préstamos obtenidos de los inversores. Este mecanismo, que se basaba en la confianza que el público tenía en las marcas del grupo, permitió a los Ruiz-Mateos mantener su operación durante un tiempo, a pesar de la insolvencia que enfrentaban.
La sentencia también menciona que, a partir de marzo de 2011, los condenados comenzaron a presentar solicitudes de concurso voluntario para las principales empresas del grupo, buscando proteger su patrimonio ante la inminente llegada de embargos judiciales. Este movimiento fue parte de una estrategia más amplia para salvaguardar sus activos y evitar las consecuencias legales de sus acciones.
La Audiencia Nacional ha impuesto a los condenados la obligación de indemnizar de forma conjunta y solidaria a los perjudicados, así como el pago de las costas del juicio. Este fallo no solo marca un hito en la lucha contra el fraude financiero en España, sino que también pone de relieve la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión empresarial. La condena a los herederos de Ruiz-Mateos es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que la justicia puede prevalecer, incluso en los casos más complejos de fraude empresarial.
