En el primer trimestre de 2025, España contaba con aproximadamente 46,358 puntos de recarga para coches eléctricos de acceso público, pero un alarmante 22% de esta infraestructura se encontraba fuera de servicio. Esta situación ha llevado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a implementar un nuevo real decreto ley que busca agilizar la conexión de estos puntos a la red eléctrica, un paso crucial para fomentar la adopción de vehículos eléctricos en el país.
### Agilización de Conexiones a la Red Eléctrica
El nuevo decreto establece plazos máximos para que las empresas eléctricas conecten los puntos de recarga a la red. En la actualidad, la instalación de un punto de recarga puede tardar unos meses, pero los permisos necesarios para su funcionamiento pueden demorar entre uno y tres años, dependiendo de la tensión eléctrica involucrada. Con la nueva normativa, las distribuidoras tendrán un plazo de 5 días para conectar un punto de recarga si no se requiere ninguna ampliación de la red eléctrica. Si se necesita ampliar la red, el plazo se extiende a 30 días, y hasta 80 días si se requieren múltiples centros de transformación.
Este cambio es significativo, ya que busca eliminar una de las barreras más críticas que enfrentan los proyectos de infraestructura de recarga: el acceso a la red de distribución eléctrica. La necesidad de acelerar estos procesos es evidente, dado que España se encuentra rezagada en comparación con otros países europeos en cuanto a la cantidad de puntos de recarga disponibles. Por ejemplo, Países Bajos cuenta con 951 puntos de recarga por cada 100,000 habitantes, mientras que España solo tiene 70.
### Desafíos Administrativos y Barreras Estructurales
Las dificultades administrativas han sido identificadas como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la infraestructura de recarga en España. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha señalado que muchos proyectos están paralizados debido a la complejidad de los trámites necesarios para obtener los permisos requeridos. La nueva normativa también busca simplificar estos procesos, eximiendo a las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga ultrarrápidas de la necesidad de autorizaciones administrativas previas, de construcción y de explotación, salvo en casos donde se requiera una evaluación de impacto ambiental.
La falta de puntos de recarga adecuados no solo afecta a los usuarios de vehículos eléctricos, sino que también tiene implicaciones más amplias para la transición energética del país. Los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 2023 incluyen la instalación de entre 80,000 y 110,000 puntos de recarga, mientras que se estima que se necesitarán hasta 500,000 puntos para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030.
A medida que la demanda de vehículos eléctricos continúa creciendo, la necesidad de una infraestructura de recarga robusta y accesible se vuelve cada vez más urgente. La implementación de estas nuevas medidas es un paso en la dirección correcta, pero aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar los estándares europeos y satisfacer las necesidades de los consumidores.
La situación actual pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre el gobierno, las empresas eléctricas y los fabricantes de automóviles para superar las barreras que han impedido el desarrollo de la infraestructura de recarga en España. La agilidad en la conexión a la red y la simplificación de los trámites administrativos son esenciales para fomentar la adopción de vehículos eléctricos y contribuir a la sostenibilidad del transporte en el país. Con estas nuevas medidas, se espera que España pueda avanzar hacia un futuro más limpio y eficiente en términos de movilidad eléctrica.
