La lucha contra la corrupción en Catalunya ha tomado un nuevo impulso con el anuncio del Govern de elaborar una nueva ley destinada a proteger a los alertadores de corrupción. Esta iniciativa fue presentada por Laia Torres, directora general de Govern Obert, durante la III Cumbre contra las causas estructurales de la corrupción, celebrada en el Parlament. La propuesta busca recuperar el espíritu de una legislación anterior que, aunque fue registrada en 2018 por varios partidos políticos, no logró avanzar debido a la falta de consenso entre los grupos parlamentarios.
Laia Torres destacó que el nuevo texto se elaborará desde cero, con la intención de lograr el máximo acuerdo posible entre las diferentes fuerzas políticas y las instituciones involucradas. «Estamos trabajando en una propuesta de ley de alertadores porque el texto anterior no generaba suficiente consenso y, por eso, planteamos uno nuevo», explicó durante su intervención. Esta nueva legislación es especialmente relevante en un contexto donde la sociedad civil y los organismos de control han intensificado sus demandas para dotar de herramientas efectivas a quienes se atreven a denunciar malas prácticas en el sector público.
### La Necesidad de Proteger a los Alertadores
La figura de los alertadores, aquellos ciudadanos o empleados que denuncian irregularidades, ha sido históricamente desprotegida en Catalunya. Durante la inauguración de la cumbre, el presidente del Parlament, Josep Rull, subrayó que no puede ser que esta figura siga sin protección después de tantos años de trabajo. Rull instó a reforzar el compromiso institucional en la lucha contra la corrupción, recordando que este año se cumplen diez años de la firma del Pacto Social contra la Corrupción, un acuerdo que debería servir como guía para enfrentar los retos actuales.
El presidente del Parlament también expresó su preocupación por el riesgo de que la cumbre se convierta en un mero ejercicio de «solemnización y gesticulación» sin consecuencias reales. A pesar de esto, mostró optimismo al resaltar el papel de los órganos fiscalizadores que existen en la institución, como la Oficina Antifrau y la Sindicatura de Comptes, que han demostrado su eficacia en la lucha contra la corrupción.
Un ejemplo de la necesidad de esta nueva ley se encuentra en la crisis que afecta a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Las irregularidades en su gestión, detectadas en un informe de la Sindicatura de Comptes de 2019, han puesto de manifiesto que, aunque existen mecanismos de control, la respuesta de la administración ha sido lenta. Rull enfatizó que estos organismos «funcionan» y que el informe de la Sindicatura es claro en sus hallazgos. Sin embargo, la falta de acción contundente ha llevado a varias entidades presentes en la cumbre a señalar que las alertas no son suficientes si no se implementan mecanismos de reacción efectivos y regulados.
### Un Contexto de Parálisis Legislativa
La propuesta de ley de protección a los alertadores no es nueva; de hecho, la primera iniciativa se registró en el Parlament en junio de 2018, impulsada por la plataforma Xnet. Este texto fue considerado uno de los más avanzados del mundo, ya que incluía garantías jurídicas, anonimato, asesoramiento institucional y sanciones para quienes revelaran la identidad del denunciante. Sin embargo, la tramitación de esta propuesta se ha visto estancada entre legislaturas, lo que ha generado frustración entre las entidades que luchan por la transparencia y la rendición de cuentas.
A pesar de que el 70% de los casos de corrupción se descubren gracias a la valentía de ciudadanos que se arriesgan a denunciar abusos, la falta de una política efectiva de protección ha sido un obstáculo significativo. Las organizaciones han estado presionando al Govern y al Parlament para que conviertan la protección de los alertadores en una prioridad, alineándose con los estándares internacionales y la directiva europea vigente.
La nueva ley que se está gestando podría marcar un cambio significativo en la forma en que se aborda la corrupción en Catalunya. Si se logra un consenso amplio y se implementan mecanismos de protección robustos, se podría fomentar un entorno más seguro para aquellos que se atreven a hablar y denunciar irregularidades. La cumbre ha sido un paso importante en este proceso, pero queda por ver si las palabras se traducirán en acciones concretas que realmente fortalezcan la lucha contra la corrupción en la región.
