La ocupación de viviendas se ha convertido en un tema candente en España, especialmente en regiones como Mallorca y Andalucía. Aunque en términos absolutos la okupación afecta a un porcentaje relativamente bajo del parque inmobiliario, la percepción de inseguridad y la complejidad legal que rodea este fenómeno han generado un clima de preocupación entre propietarios y ciudadanos. En 2024, se registraron 16,400 casos de ocupación en todo el país, lo que representa un 0.06% del total de viviendas. Sin embargo, la situación es más alarmante en las Islas Baleares, donde se denunciaron 514 casos de allanamiento, un aumento significativo respecto al año anterior.
### El Perfil del Ocupante: Estrategias y Modus Operandi
El fenómeno de la okupación ha evolucionado, y hoy en día se han identificado diversos perfiles de ocupantes que operan con un modus operandi bien definido. Según Enrique Oltra, abogado especializado en propiedad, algunos okupas han convertido esta actividad en un verdadero negocio. Estos individuos suelen estar al tanto de las propiedades vacías que están en el mercado, y su estrategia comienza mucho antes de forzar la entrada.
Una de las tácticas más comunes es la de solicitar comida a domicilio. Al hacer pedidos a la vivienda que planean okupar, pueden presentar recibos que demuestran que han estado allí por un tiempo, lo que les ayuda a crear una apariencia de arraigo en caso de que la policía intervenga. Además, muchos de estos okupas introducen elementos como cunas, fotos de niños y otros objetos personales para reforzar su narrativa de que son inquilinos legítimos.
Otra estrategia utilizada es la obtención de notas simples del registro de la propiedad. Esto les permite conocer el nombre del propietario y, en algunos casos, recurrir a contratos falsos que simulan una legalidad que no existe. Este tipo de engaños no solo afecta a los propietarios, sino que también pone en riesgo a los inquilinos que, a menudo, no son conscientes de la situación real de la vivienda que están alquilando.
### Consecuencias Legales y el Papel de la Administración
La situación de la okupación en España plantea serios desafíos legales. Muchos propietarios se encuentran atrapados en un laberinto burocrático que dificulta la recuperación de sus propiedades. La lentitud de los procesos judiciales juega a favor de los okupas, quienes pueden permanecer en las viviendas durante meses, incluso años, antes de que se resuelva su situación legal. Esto ha llevado a algunos propietarios a recurrir a soluciones drásticas, como pagar grandes sumas de dinero a mafias que prometen devolverles la propiedad a cambio de un precio elevado.
Oltra menciona casos en los que se han exigido hasta 40,000 euros para recuperar una vivienda, lo que pone de manifiesto la desesperación de muchos propietarios. Además, el abogado señala que la falta de vivienda pública en España es un factor que agrava la situación. La administración, al no ofrecer soluciones habitacionales adecuadas, está delegando el problema a los propietarios, quienes deben lidiar con las consecuencias de la okupación.
La ocupación también ha evolucionado para incluir prácticas ilegales como el alquiler turístico. En algunas ocasiones, los okupas han sido detectados alquilando habitaciones a través de plataformas como Airbnb, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación. Esto no solo afecta a los propietarios de las viviendas, sino que también impacta en el mercado de alquiler y en la percepción de seguridad en las comunidades.
La okupación de viviendas en España es un fenómeno que, aunque afecta a un pequeño porcentaje del total de propiedades, tiene repercusiones significativas en la vida de muchas personas. La combinación de la falta de vivienda pública, la lentitud de los procesos judiciales y la aparición de mafias que se benefician de esta situación ha creado un entorno complicado para los propietarios. A medida que el problema continúa creciendo, es crucial que se busquen soluciones efectivas que aborden tanto las necesidades de vivienda de la población como la protección de los derechos de los propietarios.
