La reciente intervención de Oriol Junqueras, presidente de ERC, durante el Consell Nacional de su partido, ha puesto de relieve la creciente presión sobre el Gobierno español para reformar el modelo de financiación autonómica de Catalunya. Este llamado a la acción se produce en un contexto donde diversas patronales y sindicatos han mostrado su apoyo al president Salvador Illa en su intento por renovar un sistema que, según ellos, se ha vuelto obsoleto y perjudicial para la economía catalana y la financiación de los servicios públicos.
### La Necesidad de una Reforma Urgente
Junqueras ha enfatizado la importancia de que el mundo empresarial, sindical y cívico se una en la demanda de un nuevo modelo de financiación. La situación actual, que data de 2014, ha sido calificada como «insostenible» por líderes de organizaciones como Foment del Treball y Pimec. Durante la primera reunión del curso del Consell del Diàleg Social, se destacó que el sistema vigente no solo afecta la competitividad económica de Catalunya, sino que también compromete la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos.
La presión para que el Gobierno central actúe se intensifica, ya que tanto los sindicatos como las patronales han coincidido en que la reforma debe ser una prioridad y que debería ser aprobada antes de que finalice el año. Este consenso entre diferentes sectores de la sociedad catalana refleja una creciente frustración con la falta de acción por parte del Gobierno español.
### Desafíos en la Negociación con Hacienda
Sin embargo, la negociación con el Ministerio de Hacienda no está siendo sencilla. ERC ha planteado la necesidad de que Catalunya pueda recaudar de manera íntegra el IRPF y otros tributos significativos. Esta medida implicaría una mayor autonomía fiscal y la creación de una Agència Tributària de Catalunya independiente de la estatal, un punto que fue acordado en la investidura de Salvador Illa con el PSC.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado su oposición a esta propuesta, argumentando que no es viable que Catalunya gestione el 100% del IRPF, ya que esto debería ser un modelo aplicable a todas las comunidades autónomas. Esta postura ha llevado a ERC a intensificar sus esfuerzos, registrando una proposición de ley en el Congreso que busca modificar varias normativas para permitir que la hacienda catalana gestione un presupuesto que podría aumentar de 5.000 a 30.000 millones de euros anuales.
Junqueras ha subrayado que es crucial contar con un modelo de financiación que garantice recursos suficientes para implementar políticas más justas y efectivas, que beneficien al tejido productivo de Catalunya. La falta de apoyo de Junts, el otro partido independentista, ha complicado aún más la situación. Junts considera que la propuesta de ERC es insuficiente y demanda una «plena soberanía fiscal», similar a la que tienen el País Vasco y Navarra.
### La Fragmentación del Espacio Político Catalán
La situación se complica aún más con la fragmentación del espacio político en Catalunya. Junqueras ha señalado que el camino hacia una mejora real del autogobierno implica asumir más competencias, especialmente en el contexto de la ley que se votará en el Congreso para transferir competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Aunque ERC apoya esta iniciativa, se enfrenta a la oposición de Podemos, lo que pone en riesgo su aprobación.
Además, las diferencias entre ERC y Junts se han hecho evidentes en el debate sobre la financiación. Mientras que ERC busca una reforma que permita una mayor autonomía fiscal, Junts exige un enfoque más radical que garantice una soberanía fiscal plena. Esta falta de unidad entre los partidos independentistas ha llevado a Junqueras a expresar su frustración, sugiriendo que hay formaciones políticas que no tienen claro su rumbo o que no están dispuestas a avanzar hacia un objetivo común.
La situación actual plantea un desafío significativo para el liderazgo de ERC, que se encuentra en una posición más solitaria de lo que desearía en su lucha por un modelo de financiación más justo y equitativo para Catalunya. La presión de los sindicatos y las patronales, junto con la necesidad de una respuesta del Gobierno central, podría ser un factor determinante en el futuro político y económico de la región. La lucha por un nuevo modelo de financiación no solo es una cuestión de números, sino que también refleja las aspiraciones de autogobierno y justicia social de la sociedad catalana.
