El auge de la energía solar en España ha traído consigo un debate candente sobre el uso del suelo agrícola, especialmente en regiones como Andalucía. Los grandes parques fotovoltaicos, que prometen una transición hacia fuentes de energía más limpias, están siendo construidos en terrenos que tradicionalmente han sido utilizados para la agricultura, lo que ha generado una fuerte oposición entre los propietarios de tierras y las comunidades locales. Este artículo explora la controversia en torno a la expropiación de olivares centenarios y las acciones legales emprendidas por los afectados para proteger su patrimonio.
La expropiación de tierras agrícolas para proyectos fotovoltaicos no es un fenómeno nuevo, pero ha cobrado una nueva dimensión en los últimos años. En localidades como Lopera, en la provincia de Jaén, se han proyectado múltiples instalaciones que amenazan con destruir más de 100,000 olivos, muchos de los cuales son centenarios. La situación ha llevado a los propietarios de estas tierras a unirse en una causa común, denunciando lo que consideran un abuso de poder por parte de las multinacionales del sector energético y la complicidad de las administraciones públicas.
### La respuesta de los afectados: una macrocausa judicial
Ante la inacción de las autoridades, los afectados han decidido tomar cartas en el asunto y han impulsado una macrocausa judicial a nivel nacional. Esta iniciativa busca frenar la expansión de proyectos fotovoltaicos que consideran especulativos y perjudiciales para el medio ambiente y la agricultura. Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, ha declarado que la lucha comenzará en la comarca de la Campiña Norte de Jaén, pero que su objetivo es extenderse a otras regiones de España donde se estén llevando a cabo proyectos similares.
Las acciones legales ya han comenzado, con la presentación de solicitudes de revisión de oficio ante las autoridades competentes. Estas solicitudes se centran en la revisión de las autorizaciones sectoriales y ambientales de los proyectos promovidos por la empresa Greenalia. Los denunciantes argumentan que los trámites administrativos están viciados y que se ha producido un fraccionamiento ilegal de los megaproyectos, lo que les permite eludir el control estatal y evitar una evaluación ambiental adecuada.
El fraccionamiento de proyectos es una estrategia que ha sido utilizada por los promotores para dividir un gran proyecto en varios más pequeños, cada uno con una potencia instalada inferior a 50 MW. Esto les permite evitar la competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tiene la autoridad para aprobar proyectos de mayor envergadura. Los afectados han denunciado esta práctica como una artimaña para eludir el control administrativo y han solicitado a los ayuntamientos que suspendan la tramitación de las licencias correspondientes.
### La defensa del patrimonio agrícola y medioambiental
La defensa de los olivares centenarios no es solo una cuestión de propiedad, sino también de identidad cultural y medioambiental. Los olivares han sido parte del paisaje andaluz durante siglos y son fundamentales para la economía local. La producción de aceite de oliva de alta calidad es una tradición que se remonta a generaciones, y la pérdida de estos árboles significaría no solo un golpe económico, sino también la desaparición de un legado cultural.
Las organizaciones involucradas en esta lucha, como SOS Rural y Ecología y Libertad, han comenzado una campaña de recogida de firmas para detener la tala de los olivos en Lopera. Hasta la fecha, han logrado reunir casi 135,000 firmas, lo que demuestra el apoyo popular a su causa. Esta movilización ha puesto de manifiesto la creciente preocupación de la sociedad por el impacto ambiental de la expansión de la energía solar, especialmente cuando se lleva a cabo a expensas de tierras agrícolas de alto valor productivo.
Además, las entidades han advertido a las autoridades políticas sobre las posibles consecuencias legales de continuar con estos proyectos sin una evaluación adecuada. La falta de control y supervisión en la aprobación de estos proyectos podría constituir un ilícito penal contra el medio ambiente, lo que añade una capa adicional de urgencia a su lucha.
En un contexto donde la transición energética es más necesaria que nunca, es crucial encontrar un equilibrio entre el desarrollo de energías renovables y la protección de los recursos agrícolas y medioambientales. La lucha de los propietarios de olivares en Andalucía es un claro ejemplo de cómo las comunidades locales pueden unirse para defender sus derechos y su patrimonio frente a intereses corporativos que buscan maximizar beneficios a corto plazo. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente importante para futuras iniciativas de energía renovable en todo el país.
