El caso de Sandra Peña ha conmocionado a la sociedad española, especialmente en Sevilla, donde la joven se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar en el colegio Irlandesas Loreto. La familia de Sandra ha decidido no permanecer en silencio y ha solicitado a la Fiscalía una sanción «contundente y ejemplarizante» para el centro educativo, argumentando que los errores cometidos en la gestión del bullying han llevado a un desenlace trágico.
Las tres menores implicadas en el caso están siendo investigadas y se espera que declaren ante la Fiscalía de Menores de Sevilla. Este proceso se produce después de que los padres de Sandra hayan comparecido durante cuatro horas ante el Ministerio Público, donde han expuesto su dolor y la necesidad de justicia. La madre de la joven, en particular, se extendió en su declaración, lo que refleja la carga emocional y la gravedad de la situación.
### La declaración de los padres y el papel del colegio
Los padres de Sandra han manifestado que su declaración fue un momento «duro» pero necesario para ayudar a la investigación. A pesar de su dolor, han decidido colaborar plenamente con las autoridades para esclarecer lo sucedido. Durante la misma jornada, también declararon el director del colegio, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de Sandra, quienes llegaron al edificio donde se realizaban las declaraciones. Sin embargo, el tío de la joven ha señalado que el colegio no ha mantenido contacto con la familia desde el trágico suceso.
Desde el colegio Irlandesas Loreto han afirmado que están colaborando con la investigación y han proporcionado toda la información requerida. Según fuentes cercanas al caso, los representantes del colegio han presentado detalles sobre los protocolos internos que se activaron y las medidas que se implementaron, las cuales aseguran están documentadas. Sin embargo, la familia de Sandra considera que estas acciones no son suficientes y que la responsabilidad del colegio debe ser evaluada de manera más severa.
La familia ha expresado su confianza en que la Junta de Andalucía tome decisiones firmes en relación a la sanción administrativa que podría imponerse al centro escolar. El tío de Sandra ha subrayado que esperan que la Junta actúe con contundencia, ya que creen que la única forma de prevenir que situaciones similares se repitan es a través de sanciones ejemplares. «El daño que nos han hecho no lo podemos recuperar en la vida», han declarado, enfatizando que su lucha no es solo por justicia, sino también para que otros niños no sufran lo que vivió Sandra.
### Investigaciones en curso y el impacto del bullying
El caso de Sandra Peña ha llevado a la apertura de dos investigaciones distintas por parte de la Fiscalía. Una de ellas se centra en la responsabilidad del colegio Irlandesas Loreto y de la Junta de Andalucía en la gestión del acoso escolar. Se ha revelado que el colegio era consciente de la situación de bullying que sufría Sandra, pero no informó a la Inspección Educativa, lo que plantea serias dudas sobre su compromiso con la seguridad y bienestar de sus alumnos.
La otra investigación se dirige a determinar el grado de implicación de las tres menores que están siendo investigadas. Es importante destacar que, desde el día de su 14 cumpleaños, los menores pueden ser considerados penalmente responsables por sus actos. Esto significa que las acciones de estas jóvenes serán evaluadas en el contexto de la ley, lo que podría tener consecuencias significativas para ellas.
La familia de Sandra ha manifestado su deseo de que el proceso judicial avance rápidamente. «Lo que queremos es que se aclare todo lo más pronto posible», han expresado, reconociendo que cada paso en este proceso es crucial para su sanación y para la búsqueda de justicia. La lucha de esta familia es un recordatorio de la importancia de abordar el bullying en las escuelas y de la necesidad de que las instituciones educativas tomen medidas efectivas para proteger a sus estudiantes.
El caso de Sandra Peña ha puesto de relieve la urgencia de tratar el acoso escolar con seriedad y de garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas. La familia de Sandra no solo busca justicia para su hija, sino que también espera que su historia sirva como un llamado a la acción para prevenir que otros niños sufran en silencio. La comunidad y las autoridades tienen la responsabilidad de actuar y de asegurar que el bullying no se convierta en una tragedia más en el futuro.
