La Fiscalía General del Estado ha puesto su atención en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de aproximadamente 150 municipios españoles, con el objetivo de verificar si las restricciones impuestas a los vehículos más contaminantes cumplen con la legislación medioambiental vigente. Este movimiento se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para asegurar que las normativas ambientales sean respetadas y aplicadas de manera efectiva en todo el país.
En este contexto, el Ministerio Público ha solicitado a la Generalitat de Catalunya, responsable de la regulación medioambiental, documentación sobre las ZBE de los municipios con más de 50,000 habitantes. La finalidad de este requerimiento es evaluar el estado y la implementación de estas zonas, así como detectar posibles incumplimientos por parte de los ayuntamientos. Según la Fiscalía, ya se ha constatado que un número significativo de localidades no está cumpliendo con las normativas establecidas.
La labor de la Fiscalía en este tipo de situaciones consiste en dirigirse a las Comunidades Autónomas para solicitar información y recordarles los requisitos que deben cumplir las ZBE. Este proceso es un paso previo a la posible apertura de diligencias de investigación, lo que implica que, por el momento, se está buscando la colaboración de todas las administraciones autonómicas. En Catalunya, la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental está enviando información al Ministerio Fiscal sobre el estado de cada ZBE y las características de los proyectos municipales asociados.
Uno de los aspectos que la Fiscalía está investigando es la aplicación de sanciones a los vehículos que ingresan a las ZBE sin la autorización ambiental correspondiente. La imposición de estas sanciones es un requisito que el Ministerio de Transportes ha establecido para que los municipios puedan acceder a ayudas estatales para el transporte público. Sin embargo, la implementación de estas sanciones ha sido desigual, lo que ha generado confusión sobre el grado de cumplimiento de los ayuntamientos con la normativa.
### Aprobaciones y Desafíos en Catalunya
A medida que se acerca el 1 de enero de 2026, fecha clave para la regulación de las ZBE en Catalunya, se prevé una avalancha de aprobaciones de ordenanzas locales. El decreto catalán sobre calidad del aire exige que las administraciones locales tengan sus normativas aprobadas para esa fecha, lo que ha llevado a un aumento en la actividad legislativa en varias ciudades catalanas. Localidades como L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà y Mataró están en proceso de aprobar nuevas ZBE o de activar sanciones en áreas donde ya existían regulaciones, pero que no estaban siendo efectivas.
Sin embargo, no todos los municipios están alineados con esta tendencia. Algunos, como Castelldefels, han optado por desmarcarse de los consensos medioambientales establecidos, aprobando moratorias que eximen a los residentes de multas hasta 2030. Esta decisión ha generado críticas y ha puesto de manifiesto la falta de uniformidad en la aplicación de las ZBE en Catalunya. Por su parte, Badalona ha manifestado su intención de implementar una ZBE sin etiquetas ambientales, lo que contradice uno de los principios fundamentales de esta regulación.
La situación se complica aún más con la aparición de moratorias en otras localidades, como Tarragona y Reus, que han decidido eximir a los residentes de sanciones por un período prolongado. Estas decisiones han suscitado preocupaciones sobre el compromiso de los municipios con la mejora de la calidad del aire y la reducción de la contaminación.
### Blindaje de las Sanciones y Normativas Locales
Las nuevas normativas que se están aprobando en Catalunya buscan consolidar las regulaciones de las ZBE y garantizar su efectividad. Por ejemplo, Cornellà ha ampliado el perímetro de la ZBE a todo su término municipal, y se está prestando especial atención a los informes de impacto económico que puedan afectar a los residentes y grupos vulnerables, como los autónomos. Esta medida es crucial, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya había anulado anteriormente algunas ordenanzas por no considerar adecuadamente estos aspectos.
El blindaje de las sanciones es un elemento clave en la implementación de las ZBE. Los ayuntamientos de Barcelona y L’Hospitalet se enfrentaron a la anulación de multas por un valor significativo debido a fallos judiciales. Para evitar repetir esta situación, los consistorios están optando por basar sus regulaciones en normativas estatales, lo que les proporciona un marco legal más sólido y menos susceptible a impugnaciones.
La diferencia entre las regulaciones actuales y las anteriores radica en que las nuevas normativas se apoyan en leyes estatales, lo que otorga mayores garantías jurídicas. Este cambio es fundamental, especialmente en un contexto donde la oposición social a las restricciones de tráfico ha sido significativa, con diversas plataformas vecinales y empresariales impugnando las normativas.
En resumen, la intervención de la Fiscalía en las ZBE de Catalunya refleja la necesidad de un control más riguroso sobre el cumplimiento de las normativas medioambientales. A medida que se acercan fechas clave para la implementación de estas regulaciones, la presión sobre los ayuntamientos para que actúen de manera efectiva y responsable se intensifica, lo que podría tener un impacto significativo en la calidad del aire y la salud pública en la región.
