La trama de fraude de IVA en la compra-venta de hidrocarburos que involucra a Víctor de Aldama ha tomado un nuevo giro con la reciente decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de prorrogar la instrucción del caso hasta el 21 de diciembre. Esta decisión se basa en la necesidad de completar varias diligencias pendientes, incluyendo un informe definitivo de Hacienda que determinará las cantidades defraudadas y la información solicitada a las autoridades portuguesas mediante una comisión rogatoria. La magnitud del fraude inicialmente se valoró en 185,5 millones de euros, pero se estima que podría superar los 360 millones, lo que ha llevado a un seguimiento exhaustivo de las operaciones y a la detención de varios implicados.
La trama ha sido objeto de atención mediática y judicial desde que Aldama fue arrestado el 10 de octubre del año pasado, junto con su socio Claudio Rivas y otros investigados. Aldama, quien fue liberado el 21 de noviembre, ha accedido a colaborar con la justicia en otra causa relacionada, el denominado caso Koldo, que también está bajo investigación en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Este caso ha revelado conexiones entre el fraude de hidrocarburos y otros delitos fiscales, lo que ha complicado aún más la situación legal de los implicados.
### Diligencias Pendientes y Conexiones Internacionales
El juez Pedraz ha justificado la prórroga de la investigación al señalar que, desde el inicio de las pesquisas en abril de 2021, se han llevado a cabo numerosas diligencias. Entre ellas, destacan los registros realizados en domicilios y empresas de los investigados, donde se ha intervenido una gran cantidad de documentación que aún está pendiente de análisis. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está a cargo de estas investigaciones, y se espera que el examen de la documentación recopilada aporte información crucial para el avance del caso.
Además, el juez ha mencionado que se han emitido órdenes europeas de investigación a Portugal, donde se espera recibir información relevante sobre las actividades de Aldama. Desde diciembre de 2023, las cuentas de Aldama en la Caixa General de Depósitos, una entidad pública portuguesa, han sido bloqueadas por orden de las autoridades de ese país, lo que indica la seriedad de las acusaciones y la colaboración internacional en la investigación.
Los investigadores han vinculado las operaciones de Aldama en Portugal con un intento de despatrimonialización de sus bienes en España. Se ha detectado que Aldama realizó transferencias significativas a Portugal, utilizando una red de empresarios afines en el sector de los hidrocarburos. Estas transferencias, que alcanzan al menos 1,1 millones de euros, se realizaron entre septiembre y noviembre de 2023, lo que ha llevado a las autoridades a sospechar de un intento de ocultar activos relacionados con las comisiones obtenidas en contratos de transporte y otros negocios.
### Implicaciones Legales y Reacciones
La extensión de la investigación ha generado reacciones tanto en el ámbito judicial como en el político. Las acusaciones populares, lideradas por organizaciones como Hazte Oír, han solicitado la prórroga de la investigación, lo que ha sido aceptado por el juez. Esta situación ha llevado a un aumento de la presión sobre los implicados y ha suscitado un debate sobre la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades para combatir el fraude fiscal en España.
El caso ha puesto de relieve la complejidad de las tramas de corrupción y fraude en el país, así como la necesidad de una colaboración más estrecha entre las autoridades españolas y las de otros países europeos. La investigación no solo se centra en las actividades de Aldama, sino que también ha implicado a otros actores políticos y empresariales, lo que ha llevado a un clima de incertidumbre y desconfianza en el ámbito político.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centrará en las próximas diligencias y en la respuesta de las autoridades portuguesas a las solicitudes de información. La situación de Aldama y sus socios sigue siendo crítica, y el resultado de esta investigación podría tener repercusiones significativas en el panorama político y judicial en España. La lucha contra el fraude fiscal y la corrupción se ha convertido en un tema prioritario, y este caso es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las instituciones en su intento por mantener la integridad del sistema legal y financiero.
